Una instancia imprevista

El pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que los proyectos que busquen implementar el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc sí pueden ser modificados, puso a todo el país político a especular acerca de sus alcances. Algunos, inclusive, han llegado a pensar que está en riesgo ese pacto y que, por lo mismo, podría estar en peligro la desmovilización y desarme total de esa agrupación guerrillera. Lo que sí parece cierto es que habrá traumatismos, tal vez alteración en los cronogramas y demás, pero el fondo de la cuestión está a salvo y hay que seguir adelante.
Voces tan autorizadas como la del rector de la Universidad Externado y asesor jurídico del Gobierno en los diálogos de La Habana, Juan Carlos Henao, manifiestan que lo concerniente a la justicia transicional y la amnistía no podrá tener cambios sustantivos, debido a que lo ya aprobado por el Congreso de la República usando el "Fast track" no tiene reversa, además por que ese mecanismo de trámite rápido de leyes fue avalado en el mismo fallo de la Corte y quedó en firme que el Congreso sí podía refrendar lo pactado con las Farc. Ahora bien, podrá haber cambios en lo que viene, como la reforma política, por ejemplo, pero la sustancia de lo acordado no debe tener mayores tropiezos.
Visto de manera general, lo dicho por la Corte en lugar de poner en peligro los acuerdos por las Farc se entiende como la forma de darles una mayor legitimidad al tener una validación más democrática. Es bueno que haya límites muy claros entre los tres poderes públicos y que las funciones legislativas del Congreso de la República sean protegidas, pero es enorme la responsabilidad que tienen ahora los parlamentarios para que esos proyectos apunten realmente a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.
Es un hecho que para tramitar el resto de temas que quedan por delante en el Congreso será necesario renovar la vigencia del "Fast track", y solicitar a las mayorías políticas que se agilicen las discusiones, tratando de no insertar modificaciones innecesarias ni palos en la rueda, para que al final del año el panorama esté despejado para la paz. No será una tarea fácil y sencilla, entre otros, porque el clima político irá en incremento en los próximos meses por cuenta de las elecciones para Senado y Cámara de marzo del 2018, pero los congresistas tienen que demostrar una gran responsabilidad y disciplina. Quienes no muestren esos valores no deberían tener el respaldo ciudadano en las urnas.
Desde el Centro Democrático y desde las mismas Farc se habla ahora de la necesidad de convocar una Constituyente para afianzar el futuro del país, pero, desde luego, con intenciones totalmente opuestas. Los primeros para tratar de lograr unas mayorías que puedan hacer trizas el acuerdo con la guerrilla, y los segundos bajo la desproporcionada pretensión de lograr una presencia numerosa en las discusiones sin tener que ir a las urnas. Nos parece que ese camino es inadecuado y peligroso. Por eso, el Congreso de la República debe actuar con tanta seriedad y eficiencia que dicha posibilidad quede descartada.

Las Farc, el Gobierno y todos los colombianos deben ser conscientes de que seguirán apareciendo obstáculos en el camino, los cuales deben ser sorteados con determinación, sin permitir que el escenario de la confrontación y la violencia regrese. Por eso, la llamada asamblea permanente en la que entró las Farc debido al fallo no puede ir más allá de una reflexión sensata, entendiendo que entre más velocidad le impriman a su desmovilización y desarme, más rápido se superará esta coyuntura, y habrá menos incertidumbres.