Luego de que la Administración Municipal presentó al Concejo de Manizales el proyecto de acuerdo con el que pretende regular el espacio público y cobrar una tarifa por su uso privado, han surgido toda clase de reclamos de los comerciantes, quienes consideran que la iniciativa los afectaría de manera excesiva. La reacción de la Administración, hasta ahora, ha sido que prefiere que el proyecto se hunda en las sesiones extraordinarias del Concejo y llevar un nuevo proyecto a las sesiones ordinarias de junio. La Alcaldía ha dicho que retirarlo no es el mejor camino por tratarse de un asunto contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que da un plazo perentorio hasta agosto próximo para ser aprobado.
Lo cierto del caso es que la iniciativa que se llevó al Concejo y fue tramitada en primer debate en Comisión tiene muchos vacíos y problemas que deben resolverse. El error fundamental se encuentra en el cálculo por metro cuadrado del pago que los comerciantes tendrían que hacer por el uso del espacio público, lo cual arroja una tarifa demasiado elevada, que pondría en riesgo la supervivencia de numerosos negocios, y con ello no solo un golpe a la economía local, sino al empleo que se genera en dichos establecimientos.
Es acertado y coherente el reciente llamado de la Cámara de Comercio de Manizales, Fenalco, Sibarca y otros representantes de los comerciantes, quienes generaron el pasado miércoles un comunicado conjunto en el que piden que la iniciativa no vaya a sesiones extraordinarias, sino que se discuta primero con el gremio. El principio que debe regir tales conversaciones es que su resultado beneficie a todos los manizaleños, ya que el espacio público es un bien general que debe cuidarse para el disfrute de todos y que si un particular lo usa lo justo es que pague por ello.
El espíritu del proyecto es positivo y apunta a solucionar un problema alrededor del cual en el pasado se tuvo demasiada laxitud, lo que explica los múltiples obstáculos que ahora surgen. Para la ciudad esta regulación es muy necesaria, mas cuando las metas de espacio público por habitante, de acuerdo con estándares internacionales, ronda los 15 metros cuadrados por habitante, y en Manizales esa cifra llega a menos de una tercera parte. No puede haber más largas con tal propuesta, que también ayudaría a ordenar las ventas ambulantes y hasta impulsaría programas de formalización que nos convendrían a todos.
Lo que hay que hacer es convertir la idea inicial en un proyecto viable, que el Concejo pueda aprobar sin mayores inconvenientes y que cumpla con su propósito regulador. En este punto, es fundamental que se aclare el concepto de la tarifa, para ver si es una contribución, una compensación o un impuesto, ya que legalmente no pueden improvisarse denominaciones que limiten su acción jurídica. En forma concertada y con cabeza fría debe acopiarse la mayor cantidad de argumentos técnicos que le den sustento suficiente a la iniciativa y que la conviertan en un proyecto con toda la viabilidad.
La regulación del uso del espacio público es necesaria bajo condiciones que resulten justas y equitativas, y cuyo fin sea el beneficio de todos los ciudadanos, no de unos pocos. Hay que procurar que surjan reglas claras, que se apliquen sin privilegios, y que lleven de manera lógica a un mayor compromiso de los ciudadanos para respetar a los demás y no invadir el espacio que es de todos.
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