Contratación transparente

Las entidades públicas en Colombia tienen la obligación de subir oportunamente toda la información sobre el proceso de contratación al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Esta obligación es vista por algunas entidades como una labor engorrosa, pero no es eso en lo que se deben detener. El espíritu de la norma que obliga a este procedimiento no es otro que el de permitir que la contratación se haga de manera transparente, al fin y al cabo se trata de los recursos públicos. Además, obedece al principio de publicidad consagrado desde hace rato en la legislación sobre contratación estatal en el país.
Colombia se comprometió a cumplir con los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, un acuerdo de voluntades de los gobiernos por hacer mucho más transparente sus actuaciones públicas. La obligación es entregar la mayor información posible a los ciudadanos, no solo por solicitud de estos como lo consagran los derechos de Petición y de Acceso a la Información, sino que deberá hacerlo de manera proactiva, poner la información al alcance de los ciudadanos en formatos entendibles y descargables para su procesamiento.
En los escándalos de corrupción que tienen en vilo la política colombiana se demostró una vez más que es a través de los contratos que se esquilma el presupuesto público. Si hubiera más y mejor información pública sobre estos procesos, y unos ciudadanos empoderados que hicieran vigilancia y veeduría a las inversiones sería seguramente más difícil para los corruptos hacer de las suyas con el erario.
El corrupto siempre se las ingeniará para quedarse con parte de la torta. Es su naturaleza, pero estamos convencidos de que hay formas de dificultarle su actuación. Para lograrlo, es necesario un Gobierno más dispuesto a abrir la información y entregarla de manera entendible. Por eso, la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA se han empeñado en continuar con el proyecto Lupa a la Contratación, que trata de simplificar para los ciudadanos en qué andan las actuaciones contractuales en las entidades públicas regionales.
Así pudimos establecer que en la Alcaldía de Manizales y en sus organismos descentralizados se triplicó la contratación pública entre el primer semestre del año pasado y el de este año, lo que es apenas un dato. Lo que llama la atención es que las licitaciones siguen siendo pocas, apenas nueve en toda la Administración pública local del primer semestre, por solo un 20 por ciento de todo lo ejecutado en contratos. Como si fuera poco es mínima la participación de oferentes en las licitaciones diferentes a obra pública, lo que exige de las entidades oficiales un mayor esfuerzo en sus estudios técnicos para ampliar sus convocatorias en aras de garantizar más participación y posibilidades de una mayor competencia, que seguro se traducirá en mejores precios. 

A esto se suma que la contratación directa crece y sobre todo en entidades que no se explica muy bien por qué, como el Instituto de Cultura y Turismo. Peor es que varios servidores públicos cuando se les preguntó por esto, apenas esbozaron unas respuestas de cajón o no aparecieron, con lo cual, pudiendo aclarar las razones no dejan sino dudas que no le vienen bien a una Administración que insiste en que ejecuta una política de transparencia.