El funcionamiento de los peajes en Colombia tiene un impacto en los ingresos de los ciudadanos y en sectores de la economía; sin embargo, históricamente los recursos recaudados han aportado a mejorar el mapa vial del país, incluídos sectores rurales, carreteras terciarias y de menor conectividad. Coincido con los expertos en que son dos variables que configuran una dicotomía entre lo que debe ser el desarrollo vial nacional y regional y el efecto de un bien general en los ciudadanos y comunidades específicas, además de la incidencia en el esquema del pago de impuestos de peajes en realidades nacionales o regionales como la pandemia del covid-19, el costo de vida y de los combustibles, entre otros factores económicos y sociales.
Hay que admitir que la operatividad de las casetas de peaje en municipios cercanos a las capitales o amplias áreas metropolitanas constituyen una carga económica compleja para universitarios, ciudadanos de poblaciones cercanas que laboran en esas ciudades, pacientes que requieren asistencia médica permanente e incide en el costo del transporte de insumos y alimentos, entre otros sectores.
En América Latina son cuatro los países con las tarifas de peajes más altas: Colombia, Brasil, Chile y México. Datos de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías indican que en Colombia hay 180 peajes, 147 administrados por estas dos entidades y 27 competencia de los departamentos, distritos o municipios. En el Eje Cafetero hay 16 (9 están en Caldas) y operan con tres concesionarios: Autopistas del Café, Pacífico III y Concesionaria de Occidente, además de las que son competencia de las administraciones municipales y seccionales. Casos concretos son la de La Estrella, entre Manizales y Neira, y la de Manizales-Quiebra de Vélez administradas por el departamento y que funcionan desde finales del siglo XX. Peajes que, no obstante las tarifas especiales y la suspensión temporal de los cobros aplicados por esta Administración, han constituido una carga financiera para los ciudadanos y comunidades debido a las difíciles condiciones económicas actuales. De ahí que como gobernador de Caldas consideré oportuno retirarlos y recomendar consolidar un modelo de inversión vial con recursos del presupuesto nacional, departamental y de sectores que generan mayores réditos e ingresos.
La solicitud que será presentada mediante proyecto de ordenanza a la Asamblea de Caldas se sustenta en los anteriores argumentos y surge de mi preocupación por los requerimientos permanentes de las comunidades y después de evaluar aspectos técnicos, sociales y económicos. Entre ellos, lograr en los dos últimos años incrementar el recaudo del impuesto de vehículos y recuperar la cartera morosa, además del destacado crecimiento del ingreso por las ventas y el monopolio de los licores. Ambas dinámicas redujeron el efecto del impuesto de peajes en la participación total de los recaudos. Se pretende sustituir la renta de estas dos casetas de peaje gracias al crecimiento de estos sectores que equilibraron la balanza de egresos e ingresos del departamento.
También evaluamos el costo-beneficio de su operatividad y se determinó que no son rentables; entre otras causas, por las inversiones que se deben hacer para cumplir con las normas de interoperabilidad del recaudo electrónico. El ingreso por cada peaje al año es de $3.500 millones, para su administración se destinan $800 millones; los $2.700 millones que le quedan al departamento pueden ser sustituidos con recursos del impuesto vehicular y de la sobretasa a la gasolina.
La propuesta de retiro se argumenta igualmente en el bajo impacto en los recaudos de las tarifas especiales aplicadas, lo que llevó a una revisión permanente de la evolución económica del cobro, del contexto social y de las proyecciones, y así determinar su conveniencia operacional. Otra circunstancia que incidió fue pasar de una inflación promedio del 4% al 13%, lo que incrementó el costo de vida, el transporte, los combustibles y las tarifas de peajes regionales, nacionales y de concesiones. De aprobarse la iniciativa se aportará a la consolidación del Área Metropolitana del Centro-sur de Caldas, al desarrollo de sectores como el comercio, el turismo y a nuevas inversiones. Dicha decisión regiría a partir del 1 de enero del 2024.
Como gobernador, la petición a la duma departamental del retiro de los dos peajes se basará en aplicar la normatividad que considera competencia de los mandatarios departamentales la posibilidad de crearlos, mantenerlos o eliminarlos. Reitero que la propuesta es fundamentalmente administrativa, motivada por factores sociales, económicos y técnicos. Los recursos para el mantenimiento de las vías están garantizados. En esta Administración avanzamos en la estrategia de apalancar la rehabilitación o construcción de vías con recursos del Sistema General de Regalías y propios del departamento; estrategia que es oportuno mantener.
En Colombia el sistema de peajes nacionales le deja al Estado anualmente $3 billones, de ahí que sea necesaria una mejor regulación que lleve a tarifas más bajas y a reducir el desestimulo del turismo terrestre que se registra en regiones como el Eje Cafetero y el sur del país. Es oportuno diseñar una política pública de transporte terrestre que reduzca los sobrecostos por el precio de los combustibles, el número de peajes y que canalice mayores recursos del Gobierno central para las vías terciarias y secundarias.
Si bien el gobernador tiene la potestad de presentar el proyecto de ordenanza, y los diputados son quienes autorizan o no la creación y eliminación de peajes del orden departamental, que la Asamblea Departamental acoja la propuesta es de suma importancia para las comunidades afectadas por el cobro del peaje, ciudadanos que sin duda podrán equilibrar sus ingresos ante una realidad económica difícil.