La Corte Constitucional dictaminó hace dos semanas que las reformas constitucionales y las leyes que se tramiten y aprueben en el Congreso de la República para desarrollar el Acuerdo Final de paz entre el Gobierno nacional y las Farc, deberán ser discutidas artículo por artículo y que los congresistas podrán proponer modificaciones sin la necesidad de contar con el aval previo del gobierno. Esto, en respuesta a la demanda del senador Iván Duque, quien pretendía que se eliminara el procedimiento que el Congreso expidió previamente para tramitar las normas que le darán sustento y ejecución al acuerdo de paz. Lo que sí conservó la Corte fue la reducción de términos para que los cambios normativos puedan ser hechos en menor tiempo.

Esta sentencia representa un enorme reto que el Gobierno deberá asumir para consolidar el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Para sacarlo adelante tendrá que contar con el compromiso de su bancada parlamentaria y de los congresistas de otros partidos que han apoyado desde el principio la salida de la guerra a través de un acuerdo negociado.

El grave problema que trae la sentencia de la Corte Constitucional es que por esta época se empiezan a desdibujar las lealtades políticas y el presidente y el ejecutivo van viendo su autoridad mermada. Por su parte, los candidatos que comiezan a tener cierto favoritismo en las encuestas surgen como polos de atracción para los congresistas.

Las nuevas condiciones para el trámite legislativo de las normas que desarrollen el acuerdo ponen en riesgo la adecuada ejecución de este, corriéndose el riesgo de que en el camino se diluya su esencia. Sin duda, hay un terreno gris entre el Derecho y la política, pues la interpretación de aquel depende muchas veces de la mirada que se tenga desde esta, por eso se habla de magistrados conservadores y magistrados liberales o progresistas.

Hay un sector político que apuesta a mermar lo más que pueda el acuerdo de paz: todo el Centro Democrático, sectores del partido Conservador y de Cambio Radical. Por su parte el Gobierno con sus apoyos en el partido de la U y el Liberal, más otras fuerzas no ligadas al ejecutivo como los Verdes y el Polo, hacen su apuesta por sostener lo negociado en La Habana.

Esta disputa, que por un corto tiempo parecía que iría a ser tema secundario para los electores pues la corrupción se presentaba como el principal motivo de preocupación de los colombianos, repuntó recientemente y vuelve a traer una profunda división entre los electores. Pareciera que hay una resistencia en buena parte de la población al cambio histórico que estamos dando como sociedad y que sin querer padecer la violencia a la que hemos sido sometidos por más de medio siglo, no acceden a las transformaciones que se requieren para sostener el cambio. Muchos políticos y ciudadanos dan por sentado y obvio los beneficios de la cesación de la guerra con las Farc, pero no admiten ninguna concesión. Es algo muy extraño que tanta gente no valore una disminución radical de la violencia y la muerte.

Se vislumbra una campaña presidencial que seguirá ligada al tema del acuerdo de paz, a cómo se concreta, a qué volumen se le quiere dar. La sociedad seguirá partida justo por la mitad en este asunto. Por mi parte, considero que lo mejor que podemos hacer es sacar adelante el acuerdo de paz ya firmado, lograr un pacto de terminación de la guerra con el Eln y concentrar la fuerza del Estado en eliminar las bandas criminales organizadas que están asolando a buena parte de la geografía nacional. Por lo anterior me gustan más nombres como Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Claudia López.