Hace ya algo más de dos años que se firmó el acuerdo de paz con las Farc y el panorama de la transición no es alentador. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas que defienden los derechos humanos calificó el contexto colombiano como aterrador. Centenares de líderes sociales han sido asesinados y la sociedad y el Estado colombianos no reaccionan. La indiferencia de la sociedad y la negligencia del Estado son también aterradoras. 
Es cierto que con la firma del acuerdo los homicidios directamente relacionados con el conflicto armado disminuyeron significativamente. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en 2016 hubo 1.094 homicidios por cuenta del conflicto armado. En lo que va de 2018, la cifra es 573. Sin embargo, considerando el conjunto total de víctimas, no solo las de homicidio sino también las de desplazamiento forzado, secuestros, amenazas, torturas, desaparición forzada, delitos sexuales, vinculación de niñas, niños y adolescentes a grupos armados, minas y otros artefactos explosivos, despojo de tierras y actos terroristas, la disminución es mucho menor. En 2016 el número registrado de víctimas fue 111.310. En lo que va de 2018, 92.503. En el caso del desplazamiento forzado, la firma del acuerdo de paz ha tenido un impacto mucho menor de lo que se pensaba: En 2016 se registraron, por este hecho, 102.110 víctimas y, en 2018 hasta hoy: 81.133. 
Lo que muchos esperaban luego del acuerdo con las Farc, era que Colombia se convertiría en un país latinoamericano normal, es decir, un país con un conjunto de brechas sociales y dificultades políticas y económicas y, sin embargo, sin guerra y violencia política. Pero la realidad de muerte y zozobra en la que siguen nuestros campesinos, parece ir en contravía de esa expectativa. Evidentemente, no cabía esperar que la mecha de la violencia se apagara automáticamente con el acuerdo de paz. Las guerras largas como la nuestra dejan profundas fracturas sociales que persisten aún después de que se firma la paz. Por eso, no solo hay que hacer la paz sino también construirla, es decir, restablecer relaciones de cooperación y entendimiento para remover los factores que contribuyeron al inicio y prolongación de la guerra y para transformar los conflictos en deliberación y compromisos. La transición hacia la paz luego de una guerra duradera resulta entonces, muy exigente. Desafortunadamente, parece que los colombianos no estamos a la altura de esta responsabilidad. Que el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, describa la situación como aterradora, demuestra que estamos fracasando de nuevo como sociedad.
Cada asesinato de un líder social debería paralizar al país. Así sería si, en efecto, Colombia fuera un país normal. Pero no, aquí lo normal es la indiferencia ante la muerte y el menosprecio hacia los sectores populares, especialmente hacia el campesinado. Como señaló Forst, el lenguaje de los altos funcionarios del gobierno actual empeora las cosas porque estigmatiza a las víctimas. Algunos analistas señalaban, durante el proceso de paz, que nos debíamos preparar para una etapa de alta conflictividad social libre de cualquier tipo de instrumentalización por parte de los actores armados, y por ello mismo, genuina e intensa. Lo cierto es que los conflictos sociales son genuinos, intensos y difíciles, pero las organizaciones sociales y populares no se han librado ni de la estigmatización ni de la violencia. 
Tanto la reconciliación como la implementación del acuerdo están embolatadas. El gobierno no solo usa la excusa fiscal para desentenderse del cumplimiento de los acuerdos, sino que además no ha ocultado su intención de nombrar saboteadores del proceso en algunas de las entidades y agencias clave para su implementación. Ello, sin embargo, no es una novedad sino una tradición colombiana desde cuando el arzobispo Caballero y Góngora traicionó al movimiento comunero. La historia de las guerras colombianas es una historia de acuerdos incumplidos. Los perjudicados con el incumplimiento de los acuerdos firmados con la guerrilla no son tanto los desmovilizados que dejaron sus armas sino, fundamentalmente, los campesinos de Colombia que sufren una nueva derrota en su larga cadena de frustraciones. También, perdemos todos los colombianos que, en lugar de transitar hacia la paz, vamos consolidando lo que parece ser una “paz violenta”.