“No es fácil pasar de la guerra a la paz” afirmó John Paul Lederach a un medio de comunicación el año pasado, frase que necesariamente nos advertía que se encontrarían dificultades en el camino de la implementación de lo acordado entre el Gobierno y las Farc, pero esas dificultades no significan que hemos emprendido una tarea quimérica, sino más bien debe interpretarse que el camino de la paz en Colombia tendrá tropiezos que serán superados en la medida que se permita que bajo el marco de la Constitución, las instituciones cumplan sus roles y desarrollen las responsabilidades que se deriven de lo acordado según sus deberes funcionales.
Es así como la Corte Constitucional, en el ejercicio de la guarda y protección de la Carta Política del 91, ha decidido declarar la inexequibilidad del literal h) y j) del Acto legislativo 01 de 2016. Suceso que fue anunciado por algunos como una herida mortal al proceso, lo cual es totalmente equivocado, puesto que compartiendo o no la decisión de la Corte, el Congreso de la República ha seguido con la agenda legislativa para cumplir con lo acordado. Declarando de esta manera que respetamos profundamente la independencia de la rama judicial, pero que, como institución legislativa, y atendiendo el querer de la paz, nuestro trabajo seguirá siendo indeclinable para entregarle al gobierno, a las Farc y sobre todo al país las normas necesarias que nos permitan pasar de la guerra a la paz.
Después de la sentencia de la Corte, el Congreso aprobó varios proyectos, uno en la plenaria del Senado y otro en la plenaria de Cámara, sobre la financiación de la paz. La Comisión Primera aprobó también un proyecto sobre la lucha contra el paramilitarismo. Demuestra entonces el Congreso que no es el Fast Track el que aprueba los proyectos, y que en ningún momento el Legislativo ha sido arrodillado o dominado por el Ejecutivo. Antes bien lo que hay que hacer es destacar el compromiso de cada uno de los legisladores de nuestro país, lo cual ha permitido seguir avanzando con amplio debate y deliberación en la aprobación de las leyes requeridas.
La voluntad política en la implementación de los acuerdos es mayoritaria en el Congreso de la República, por lo cual hacemos un llamado respetuoso al Gobierno, para que se sigan radicando las iniciativas legislativas conforme a los cronogramas de implementación. También hay una responsabilidad sumaria de las Farc en el cumplimiento de lo pactado, puesto que solo en la medida que se cumpla con todos sus compromisos, entre ellos la dejación y entrega de las armas, podremos encontrar confianza en la sociedad civil para que este acuerdo de voluntades de los miembros del conflicto, se conviertan en un pacto de paz suscrito por cada uno de los habitantes de Colombia.
No hay desacuerdo o tropiezo que no pueda ser superado por la institucionalidad legítimamente constituida en nuestro país, la cual debe ser rodeada y respetada, el compromiso de la rama legislativa seguirá siendo de cara a la ciudadanía y con la responsabilidad que nos asiste, claramente le manifestamos a Colombia que en el Congreso la paz sí avanza.
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