Esa pareciera ser la consigna en la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia y sobre la cual Gobierno, empresarios y centrales obreras centran esta discusión, unos para que el incremento sea el mínimo y los otros para que no sea así. Los unos arrancan ofreciendo el 6,5% y terminan en el 7%, los otros arrancan pidiendo un 14% para terminar exigiendo el 8,5%, al final el Gobierno por decreto impone el 7%. Esta es en términos generales la mecánica del “diálogo social” que durante los últimos veinte años impera en Colombia.
En este período, el Gobierno fijó su monto por decreto en quince oportunidades, en algunos casos por debajo de la inflación, aumentando así el déficit del poder adquisitivo del trabajador. En marzo de este año el Consejo de Estado tumbó el decreto que fijó el alza para 2017, pues en su cálculo no se incluyó la inflación causada.
Durante la negociación, algunos analistas utilizan argumentos tales como el deterioro de la competitividad, el crecimiento de la economía, la contribución de la productividad al producto interno bruto, etc., indicadores cuyos resultados casi siempre generan controversia por su método de cálculo o por la interpretación de sus efectos.
Periódicamente aparecen nuevas teorías y propuestas, como la que acaba de hacer el Banco de la República, en la cual establece un salario mínimo por regiones según la informalidad laboral. Para el año 2018 plantea subir el salario mínimo únicamente en Bogotá, Medellín y Manizales, ciudades que conforman una de las regiones propuestas; en las otras tres regiones no se subiría sino a partir del 2019 en forma escalonada hasta el 2021. Propuestas como ésta empeoran las condiciones de vida en todo el país, confirmando la orientación hacia el mínimo salario.
Los últimos estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- informan sobre el aumento de la pobreza en Colombia, y confirman que reducir la concentración del ingreso y de la riqueza es efectivo y permanente en la lucha contra la pobreza; es indiscutible y constante el primerísimo lugar que en el mundo ocupa Colombia en estas dos materias.
Los resultados históricos de la negociación del salario mínimo llevan a pensar seriamente en la necesidad de cambiar su dinámica y su método, incluyendo factores modernos y adecuados como el casi permanente y afortunado incremento de las utilidades empresariales, la urgente necesidad de aliviar la concentración de la riqueza, la lucha contra la pobreza y el deterioro del ingreso real de los trabajadores; en fin, incluir en estas discusiones el sentido común y no solo las técnicas y a veces exóticas consideraciones de los expertos, que permitan definir un salario digno y llegar a un estado de bienestar en los próximos veinte años.