La crisis mundial de alimentos crece año tras año, como consecuencia del cambio climático, las malas cosechas, la escasez de agua, el incremento de la población, los nuevos hábitos alimenticios y la destrucción de la economía familiar y campesina, entre otras causas. Esta escasez impulsa los precios al alza desde hace una década. 
Organizaciones y líderes de todo el mundo buscan fórmulas y plantean soluciones para producir más alimentos. Los cálculos indican que para el año 2050 la oferta debe ser duplicada, lo que significa que el sector agroalimentario se puso de moda para quedarse. Naciones Unidas señaló como vía de solución ampliar la frontera agrícola, y reconoció en cinco países ese potencial, Colombia uno de ellos. La cultura y la tradición de quince millones de colombianos que viven en el campo, su ubicación geográfica y la disponibilidad de tierras y de aguas frescas así lo confirman.
Recientemente, Naciones Unidas presentó el informe “Colombia Rural, razones para la esperanza”, en el que precisa lo rural como eje del desarrollo con equidad, con inclusión y en democracia. De otra parte, la misión para la trasformación del campo, o Misión Rural, conformada por trece expertos nacionales e internacionales, en su informe final define seis estrategias a seguir en los próximos quince años, con una inversión anual de trece billones de pesos, para transitar desde el campo hacia el buen vivir de toda la sociedad. El censo agropecuario, del que aún se están valorando sus resultados, es un privilegiado escenario para terminar de conocer el estado del arte en el sector.
De no creer. Al presentar los resultados del censo rural, el cual demoró cincuenta años, el Estado colombiano declaró: “falta todo por hacer”. La desigualdad y la miseria en el campo son tres veces mayor que en la ciudad. El crédito es escaso, costoso y solo llega al 10% de los productores y la maquinaria e infraestructura al 17%. La asistencia técnica cubre solo a una pequeña élite. La inversión pública va en declive. Los tratados de libre comercio han afectado principalmente a pequeños y medianos productores. En el Ministerio de Agricultura se nombra un ministro cada año; éste se ha manejado históricamente como un fortín político y clientelista.
No es la economía; es la política el escollo para fomentar la agricultura. Es imperativo que en esta campaña electoral los candidatos aborden este asunto con total honradez y transparencia. Colombia es un país inmensamente rico en tierras; puede pasar de siete millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, a veintiocho, sin tumbar un solo árbol ni afectar los bosques naturales.
El sentido común dicta que se debe establecer una política de Estado para los próximos quince años, que recoja las propuestas de Naciones Unidas y de la Misión Rural, y que, de los cincuenta billones que anualmente se rapa al presupuesto nacional en “mermelada”, trece se destinen a su ejecución. Así, el sueño de ver a Colombia convertida en la potencia mundial agrícola que es, se hará realidad al paso de escasos tres lustros.