El Consejo de Estado está cumpliendo 200 años de existencia, 1817-2017. En este órgano que nació con Bolívar, era una instancia de apoyo a la gestión del Ejecutivo, y, luego con el tiempo, ganó las competencias jurisdiccionales. Por ello, guarda en sus funciones ambas naturalezas: de una parte, como Tribunal supremo de lo contencioso administrativo y, por otra, la de órgano consultivo del Gobierno.
Pensar en el Consejo de Estado, para cualquier abogado que maneje los litigios donde una parte pertenezca a la administración pública, implica inmediatamente estar metido en un lío jurisdiccional que toma mucho tiempo su solución. Si bien en esta jurisdicción se han hecho algunos esfuerzos de descongestión, la realidad es muy dura, las montañas de expedientes son una realidad que esperan decisión judicial. 
Los datos generales de congestión de la justicia son muy grandes. Hay dos indicadores de Colombia que dejan al descubierto nuestra realidad en material de morosidad en la administración de la justicia. Son dos números que el estudio del Banco Mundial, Doing Business, en la dimensión de cumplimiento de contratos nos dejan muy mal parados a nivel mundial. El puesto de Colombia en la lista internacional es de 174. Si bien en los últimos años hemos mejorado tres puestos, seguimos muy mal en esta dimensión. 
El primer dato es el tiempo que demora el cobro de un título valor a través del sistema judicial. En duración tenemos un promedio de 1.288 días, mientras que ese mismo indicador tiene un promedio en otros países de América Latina de 749 y ni comparar con los países de la OCDE, donde el promedio es de 553 días. Lo que quiere decir que en Colombia demoran estos procesos casi 3 veces más de tiempo que en los países con mejores rendimientos. 
La segunda variable es el costo de utilizar las vías judiciales, entre costos propiamente dichos como por la remuneración del abogado. Es sencillamente vergonzoso este dato. En Colombia se va casi la mitad del valor de la demanda en el pago de todos estos costos, es el 45,8%. Mientras que en América Latina es de 31,3% y en los países de la OCDE, 21,3%.
Es sencillamente preocupante la demora en los procesos judiciales y el costo de los mismos. Colombia como país pierde competitividad mundial con un aparato judicial con este tipo de indicadores que dan cuenta de un problema muy serio de desempeño en uno de los principales servicios públicos como es la administración de justicia. Problema que no es solamente del Consejo de Estado, sino en general de todo el andamiaje jurisdiccional.
Que el bicentenario del Consejo de Estado lleve a una profunda evaluación de la eficiencia de la justicia y a la toma de medidas que impacten de verdad la realidad de los tiempos que duran los procesos. Los colectivos de abogados deberían pensar también sobre las tarifas efectivas de los procesos.