Se pueden tener distintas valoraciones de la Alcaldía de Enrique Peñalosa. A unos les parecerá buena y a otros, mala; unos pueden desear que concluya su mandato y otros que sea reemplazado por otro, convocando a nuevas elecciones. Pero debería coincidirse en respetar los criterios democráticos y legales consagrados en la propia Constitución y que señalan que debe convocarse a los bogotanos a votar, sí o no, la revocatoria del alcalde.
Con el respaldo de esa legalidad numerosos ciudadanos de todos los orígenes le entregaron a la Registraduría 700 mil firmas para que se convoque a votar a favor o en contra de la revocatoria, el 260 por ciento más de las necesarias, a las que se les sumarán otras muchas antes de que termine el plazo para recogerlas. La gran facilidad de la recolección de las firmas se explica por un hecho indiscutible: según todas las encuestas, a Peñalosa lo rechaza entre el 75 y el 80 por ciento de los bogotanos, el alcalde colombiano peor calificado por la ciudadanía, a pesar de contar con el respaldo político de 35 de los 45 concejales del distrito, el 78 por ciento del total, incluidos todos los de la Unidad Nacional y el Centro Democrático que, para estos efectos, como para tantos otros, no tienen discrepancias. Cómo será de mala la gestión de Peñalosa, que no lo respaldan ni los electores de los concejales que disfrutan de su administración.
Pero una vez quedó en evidencia que Peñalosa sería derrotado si se vota la revocatoria, la élite política y de los grandes negocios que lo respaldan, los mismos que han mangoneado en Colombia desde hace décadas, en vez de salir al debate en defensa del alcalde genio que, según ellos, tiene Bogotá, decidieron romper las reglas del juego legal y democrático, para lo que contrataron un abogado que le diera apariencia de legalidad a una decisión ilegal del Consejo Nacional Electoral. No es casual, por supuesto, que la engañifa se desarrolle sobre el cálculo de que el 90 por ciento de los consejeros electorales militan en los mismos grupos políticos que se reparten el presupuesto de Bogotá.
La primera y aberrante ilegalidad de la élite peñalosista consistió en cambiar las reglas del juego de la revocatoria en medio del proceso, porque este empezó en enero de 2017 y sus promotores ya cumplieron con los requisitos de ley. También es ilegal que un organismo técnico y operativo como el Consejo Nacional Electoral se arrogue el derecho reglamentario que el Artículo 152 de la Constitución le reserva al Legislativo, al señalar que “mediante leyes estatutarias el Congreso de la República regulará… (las) instituciones y mecanismos de participación ciudadana”. Luego a lo que aspiran es a que el Consejo Electoral se extralimite en las funciones que le son propias y usurpe las de otro organismo del Estado.
De otra parte, es falso que en la exposición de motivos del trámite de la revocatoria no se den las razones de ley para adelantarla. ¿No es manifiesta la “insatisfacción general de la ciudadanía”, que exige el Artículo 65 de Ley 160 de 1994? Y ese repudio, más el deseo de revocarlo, se explica porque la Alcaldía de Peñalosa le provocará daños gravísimos e irreparables a Bogotá, tales como destruir la reserva natural Van der Hammen para enriquecer a algunos, imponer el Transmilenio con los criterios de un vendedor de buses, disparar la valorización y los impuestos y ofrecer el peor metro imaginable para la ciudad. Y también son causales de revocatoria la privatización de la ETB y la EEB, porque eso no aparece en el programa de gobierno con el que ganó la Alcaldía, o no cumplir con varios de sus compromisos como candidato.
Con esta maniobra en contra de los derechos de los bogotanos, que viola la Constitución y la ley, y nada menos que sobre los derechos políticos ciudadanos, se confirma lo poco democráticos que son los mandamases de Colombia, aun cuando posen de lo contrario. Y es la aplicación de un truco que cada vez se utiliza más en el país: los funcionarios no interpretan las normas de buena fe y con descaro les espetan a quienes les reclaman: “Si no le gusta, demande -con todas la dificultades que ello implica-, pero mientras tanto me aplican la norma porque mis actos tienen presunción de legalidad”. He aquí otra manera de retar a la ciudadanía, a la que le violan sus derechos. Que esta nueva manguala se convierta en otro argumento para acrecentar la idea de cambio que recorre al país.
Coletilla: Calculados para el engaño han sido los balances de los neoliberales sobre los cinco años del TLC con Estados Unidos. Para la verdad total: http://bit.ly/2qn2Sdh. Y es falso que cerrar las listas a las corporaciones ataque la corrupción: porque si hay X indeseables en una lista abierta y esta se cierra, habrá el mismo número de indeseables ocultos en una lista cerrada.