No puede ser aceptable que el país continúe sometido a los métodos extorsivos de las Farc, que ahora utilizan la amenaza directa y pública para amedrentar al Gobierno, mientras sus cabecillas siguen gozando de privilegios, seguridad, lujos y poder; y de Petro, quien llama a sus “comandos” urbanos para que salgan a protestar (con la consabida violencia que él mismo les inculca) contra decisiones judiciales que lo perjudican. ¡Qué tristeza! Pasamos de extorsiones selectivas, individuales y aisladas, a extorsiones públicas, masivas, reiteradas y generales con las que tratan de tomarse el poder por la fuerza. 
La manifestación de los “ex” jefes guerrilleros de las Farc que aseguran que el “acuerdo de paz finalizaría con extradición de Santrich”, es la mayor demostración de que lo acordado en La Habana fue una farsa y que ese esperpento mediante el cual se les entregó medio país, cada día está más deslegitimado, devaluado y acabado.
Y yo me pregunto: ¿cuál paz? ¿Podrá haber paz en un país dominado por unos cuantos multimillonarios terroristas, cuya fortuna proviene del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el vandalismo y cada día que pasa se les cede más espacios y se les dota de más privilegios? ¿Podrá haber paz en un país donde un sujeto como Petro, cuando la ley lo perjudica, procede a incendiarlo acudiendo a la desinformación, la mentira y la victimización? ¿Podrá haber paz en un país donde la ley se somete al delincuente; las instituciones se doblegan al terrorismo; el Gobierno se muestra impotente ante la fuerza; y la justicia tambalea ante las amenazas? ¿Podrá haber paz en un país donde la oposición se trazó la meta de no dejar gobernar, y está acudiendo a los métodos más atroces para bloquear cualquier solución al caos que heredamos de Santos?
La extradición de Santrich, hoy más que nunca, debería acelerarse; y complementarse con las órdenes de captura de Iván Márquez y El Paisa; y con la aplicación estricta de las leyes a las que Petro se tiene que someter. El Gobierno no puede ceder ante la extorsión, y está en la obligación de hacer cumplir las leyes y la Constitución. Porque quienes votamos por Iván Duque lo hicimos por un gobierno vertical, autónomo, decidido y aguerrido pues, de lo contrario, nos encontraremos con que quien termine gobernando será el perdedor en las urnas. ¡Sí: así como suena! Si se les cede a las Farc, a Petro y a quienes se empeñan en mantenerse por fuera de la ley o en desconocer los fallos judiciales por las vías de hecho, terminaremos indefectiblemente en sus manos.
Y aunque el presidente Duque se empeñe en decir que las encuestas no lo desvelan, seguramente un ascenso en ellas no le caería nada mal. Y ese ascenso podría ser provocado por decisiones que a millones de colombianos nos revivirían la esperanza y la fe: el enfrentamiento contra quienes siguen violando las leyes y desestabilizando el país; la aplicación estricta de las medidas tendientes a controlar la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico y los delitos atroces; la captura, juicio y condena de las fuerzas oscuras que se infiltran en las marchas estudiantiles y terminan perjudicando a los mismos estudiantes; y el combate sin tregua a las Farc disfrazadas de disidentes. 
¿Y que el costo de la aplicación de la ley y los tratados internacionales es la finalización de los acuerdos de paz? Pues tal vez vale la pena. Porque Colombia no puede seguir aceptando la convivencia eterna con la extorsión, ni sometida por siempre a los peores delincuentes. Esos delincuentes que viven de nuestros impuestos y su única misión es desestabilizarnos. Colombia no puede seguir cediendo a la voluntad del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción ni la violencia.