La Contraloría General del Municipio ha señalado hallazgos con alcance fiscal, disciplinario y sancionatorio en el Cable Aéreo de Manizales. Se presentan fallas en el control de recaudo de pasajes, creación de cargos sin autorización y deficiente gestión y control de la nómina. Y, aunque no son de poca monta, el verdadero problema del Cable Aéreo de Manizales no radica en estos factores, que son controlables, subsanables y mejorables; radica en la depresión a la que fue sometido por decisiones que obedecen a intereses económicos más cuestionables.
El Cable Aéreo nació como un proyecto de solución real del transporte público de Manizales y Villamaría, que traería beneficios económicos a los usuarios, mejora en los tiempos, solución ecológica y rentabilidad financiera al propio sistema. Fue concebido como un sistema autosostenible que estaría alimentado por rutas abastecedoras de pasajeros, que harían rondas circulares preestablecidas y que significaba un ahorro sustancial en el transporte para las clases menos favorecidas. Con estas rutas alimentadoras se garantizaba la afluencia de pasajeros que harían uso del sistema y, a su vez, tendrían acceso desde sus lugares de residencia o trabajo a un transporte cuyo costo estaría incluido en el pasaje del Cable.
Pero pudo más la presión del gremio transportador y esas rutas quedaron abolidas, causando el obvio deterioro en el cumplimiento de metas financieras y de servicio. Hoy, en contra de lo que inicialmente se planteó, muchos usuarios deben pagar dos pasajes: uno desde su sitio de trabajo y otro en el Cable (cuando estaba concebido el pago de uno solo), con una ganancia considerable para los transportadores y un perjuicio significativo para los usuarios.
Todos los estudios arrojan como solución ideal para la ciudad la instalación de nuevas rutas de cable aéreo y ya se tienen proyectadas dos adicionales que cubrirán buena parte de la ciudad. Y entramos entonces en el mayor escollo: su financiación. Barajamos las opciones de acudir al Gobierno Nacional; de financiarlo con recursos propios; de conseguir ayudas internacionales; o de conformar uniones con inversionistas privados para su implementación y explotación.
Y se nos olvida que los propios transportadores de Manizales tienen en su bolsillo miles de millones de pesos de todos los manizaleños, recaudados en las tarifas cobradas durante el tiempo en el que operó el sistema de transporte (o hasta hoy, si no existen decretos que deroguen los que originaron la distribución de las tarifas). En el valor del pasaje fijado en ese entonces, se contempló que un porcentaje de él se debería “entregar al sistema centralizado” de acuerdo con las instrucciones impartidas por la administración municipal. Pues bien, esos dineros nunca entraron a las arcas del municipio ni al sistema, pero los usuarios sí pagaron la tarifa plena dentro de la cual se encontraban recursos que se convirtieron en públicos y que hoy reposan en manos de privados.
La Alcaldía está en la obligación de realizar las acciones jurídicas encaminadas a recuperar esos dineros y aliviar un poco la situación financiera para la implementación de un sistema de transporte útil, eficaz, económico, limpio y actualizado. Debería el alcalde decretar el ingreso de esos dineros a las arcas del municipio y fijarles a los transportadores las condiciones mediante las cuales entreguen los recursos públicos que se encuentran en sus manos. Estos dineros pueden servir como aporte para una unión con recursos del Gobierno Nacional, o para aportar a una unión con privados que nos permita adelantar prontamente las nuevas líneas de cable para la ciudad.
Es hora de pensar en el beneficio de los más necesitados; es hora de exigirles a los transportadores que causaron el caos en el momento de implementación del Sistema Estratégico de Transporte, y que resultaron usufructuando los dineros públicos, que los devuelvan al municipio y se traduzcan en soluciones reales de transporte municipal. Es hora de pensar que el pueblo requiere soluciones y que ya aportó de sus bolsillos para su implementación. No hacerlo, alcalde, hoy que están listos los estudios y diseños de las nuevas líneas del cable aéreo, podría significar una omisión que la ley contempla como delictuosa. Se trata de un simple acto administrativo, así afecte a sus socios naturales.