Me declaro víctima: ya no solo de las Farc que han arrasado con las expectativas de la Nación; ni de la clase política que degradó los valores sociales hasta insensibilizar a los colombianos que viven resignados, silenciosos e indiferentes; ni de la justicia que acabó convertida en un apéndice del ejecutivo violando todos los principios jurídicos para complacerlo; ni del Congreso que está convertido en una entidad cloacal que perdió su independencia y donde se respira la mayor fetidez; ni de las instituciones que cayeron bajo el dominio de los anteriores. ¡No! No solo de ellos me declaro víctima.
Me declaro víctima del Gobierno Santos. Víctima de sus mentiras, de sus oscuros comportamientos, de sus procedimientos soterrados, de su alianza con las Farc y de la entrega total de nuestro país al terrorismo y la corrupción. Víctima de un Gobierno al que cada día le destapan un nuevo escándalo y asume una posición pusilánime y falsa. Víctima de un Gobierno que ha violado todos los límites de la decencia para favorecer a quienes se aliaron con él en sus campañas y tienen desangrado el país. Víctima de un presidente que llegó al Gobierno prometiendo acabar con los criminales farianos y resultó fortaleciéndolos y dándoles estatus de estadistas. Víctima de la alianza perversa entre el Gobierno y la corrupción que cada vez le queda más difícil negar.
Y, como víctima, me siento con el derecho a exigir verdad, justicia y reparación. La verdad, tiene que ser develada cuanto antes y reconocida por el propio Gobierno, no sea que se sigan destapando faltas administrativas, violaciones legales y aprovechamiento ilícito del poder y permanezca impunemente en su ejercicio; como si el cinismo no tuviera límites, y como si los colombianos no nos diéramos cuenta de la realidad. Exijo, repito, la verdad emanada desde el propio Gobierno ya que, tarde o temprano, se va a saber por otras vías y el daño para el país será mayor. 
Y con esa verdad exijo que se haga justicia. Una justicia también pronta, efectiva y ejemplarizante. Una justicia que sepa actuar con la independencia que se requiere para castigar a los causantes de esta debacle moral en la que nos encontramos. Una justicia que no solo se limite a revisar los códigos que le favorezcan al Gobierno y a decir que todo hay que olvidarlo porque ya están vencidos los términos. Una justicia rigurosa como la que más, para que nos cuente los ilícitos que se cometieron y que el pueblo pueda propinar aunque sea el castigo político. Una justicia que señale con su dedo acusador a todos los actores de la corrupción perversa y deje en evidencia a quienes pertenecen a esa mafia entronizada desde el propio Gobierno Nacional. 
Y, conociendo la verdad e impartiendo justicia, exijo entonces la reparación. Una reparación consistente en la asunción de la culpa y en devolverle la dignidad al país. Una reparación que implique el reconocimiento del daño grave que este Gobierno le ha causado a Colombia y, en consecuencia, por el honor, sepa aplicar lo que el mismo Santos le expresó a Samper en el año 1996: “El honor es lo más preciado que puede tener cualquier persona. Es más importante que la vida misma. Piense en el honor de la patria que Ud. encarna y en el daño que le hace al aferrarse al poder a cualquier costo”.
¡Sí! Soy víctima de Santos; como 45 millones de colombianos que hoy reconocemos la indignidad de este Gobierno y queremos desesperadamente encontrar una solución rápida, radical y expedita que logre liberarnos de tanta iniquidad. Y por eso, junto a millones de voces que claman sus derechos (incluidas la de periodistas y medios nacionales que hasta ayer fueron sus aliados), exijo hoy verdad, justicia y reparación. Por eso marcharé el próximo 1 de abril.