Al momento de escribir estas líneas el ambiente en el Congreso de la República, y más exactamente en el Senado, está enrarecido, ensombrecido y rodeado de un halo macabro producido por la clara manipulación fariana y por la subrepticia participación del terrorismo en el recinto y en las decisiones que deberían ser autónomas, independientes y producto de la conciencia y estudio de los senadores.
La elección en el Senado de la doctora Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional pasó de ser un procedimiento sencillo y casi cotidiano a motivo de discordia, enfrentamientos conceptuales y políticos, gracias a que las Farc dieron la orden, a través del propio presidente Santos, de que la elección recayera en la citada persona, por ser prenda de garantía para que las violaciones constitucionales que se han cometido en nombre de la paz, tengan el aval de la mayoría de dicha Corte y por consiguiente ungir con visos constitucionales lo que a la luz de la ley y las sentencias ha quedado en evidencia como violatorio de la Carta Magna.
Y ese revuelo no es para menos. Porque el hecho de que el presidente Santos haya convocado a diferentes reuniones con parlamentarios para exigir que los votos fueran a favor de la candidata de las Farc, por sí solo es un indicio grave de que las cosas empeoran cada vez más. Pero, adicionalmente, escuchar al senador Benedetti decir que si no se elegía a la citada doctora Fajardo como magistrada se ponía en vilo el proceso de paz, tuvo ribetes de amenazas, coerción, extorsión y manipulación sobrepasando cualquier asomo de decencia e independencia. ¡No hay derecho! Esta es ya la claudicación total del Estado ante el poder terrorista de las Farc y la entrega final de la democracia a una dictadura de facto provocada por Juan Manuel Santos y sus aliados en el Congreso.
¿Pesimista, enemigo de la paz, paramilitar, de ultra derecha y otros cuantos epítetos con los que pretenden ofenderme? Quisiera que alguien me contradijera en lo siguiente: las Farc dominan al presidente a su antojo; el presidente, vía mermelada, domina el Congreso de la República para obtener su beneficio; y las Altas Cortes ahora quedarán en sus manos gracias a la connivencia con el presidente y a la debilidad, pusilanimidad, perversidad y ambición de los congresistas que le hacen juego a ambos, en detrimento de nuestras instituciones. ¿Quién nos domina entonces?: ¡Las Farc! Se adueñaron del poder Ejecutivo sin ninguna dificultad; por su intermedio dominan el poder legislativo; y el poder Judicial, desde las Altas Cortes, y con la anuencia del presidente y del Congreso, ha caído enteramente en sus garras. ¿No es esto una dictadura en manos de ese socialismo del siglo XXI que está asolando los países latinoamericanos? ¡Qué desastre!
¡Ah! Pero queda aún un poder que podría ejercer como vigía, pregonero y controlador de tanta aberración: la prensa. Pero lastimosamente ha sucumbido, en su gran mayoría, ante el poder del dinero y la mermelada estatal, en una forma de censura tal vez más ignominiosa que la ejercida en Ecuador o Venezuela. Porque allí se castiga a la prensa por contar la verdad, por denunciar los hechos y por delatar las injusticias. Aquí se premia por callar esa verdad, por ocultar los hechos y por desvirtuar las injusticias. Aquí se premia a la prensa por desviar la atención de los hechos realmente importantes (que ocupan un mínimo espacio en lugares recónditos), para resaltar noticias intrascendentes, amarillistas y morbosas que distraen la atención del espectador y lo llevan a ocuparse de cosas sin importancia.
Se le atribuye al Rey Luis XIV la famosa frase: “El estado soy yo”, arrogándose todas las facultades del Estado en su sola voluntad. Al paso que vamos, y dadas las condiciones en que nos ha sumido el presidente Santos, terminaremos por aceptar con resignación y sumisión que, en Colombia, el Estado son las Farc.
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