Hay una postura, diríamos que generalizada, entre los comerciantes que se usufructúan económicamente de los antejardines que están en las calles y avenidas más concurridas de la ciudad: para ellos el impuesto que pretende cobrar la Alcaldía municipal les resta “oportunidades” (#Manizales menos oportunidades) a su actividad económica, es un abuso, un atropello.
Justifican su malestar con el argumento que ellos pagan el impuesto predial y responden por todas las cargas impositivas exigidas por la ley.
Los antejardines existen como respuesta a la “invivible” ciudad generada por la revolución industrial; es por ello que los países anglosajones se convirtieron en ejemplo de esta propuesta; difícil imaginar los barrios de Londres o los suburbios estadounidenses sin la exuberante vegetación poblada de flores que antecede o rodea sus casas y, de paso, también sería difícil imaginar nuestras principales ciudades inspiradas en este modelo, desprovistas de esas bellísimas extensiones verdes también pobladas de flores, que le confieren una especial identidad a la vida urbana.
El impuesto predial de una edificación abarca los antejardines por el hecho de ser propiedad privada, pero tienen la particularidad de ser de uso público como las fachadas y el paisaje. Una de sus funciones es definir el perfil urbano de la ciudad, es decir la distancia entre una construcción y la de su lado opuesto, la cual se estima en virtud de la espacialidad que se requiere para una vivencia integral de la ciudad.
Con el objeto de estimular una vida más activa de la sociedad en el espacio público, la Alcaldía en uso de su discrecionalidad, en 2002 tomó la determinación de permitir el uso con ánimo de lucro de los antejardines ubicados en las vías de mayor afluencia ciudadana, “ejes estructurantes”. Luego en 2009 cuando se adoptaron las primeras Piezas Intermedias de Planificación se retomaron las normas existentes, e igualmente en el POT del 2017, se validó la misma normativa, la que rige en la actualidad con vigencia de 12 años, el periodo de tres administraciones. Para ello se establecieron unas cuidadosas reglas de juego que van desde los productos que se pueden comerciar hasta el cómo deben ser las obras a emprender, los retiros, los materiales, las estructuras, las áreas a cubrir, la protección, la publicidad y los cerramientos laterales.
La mayoría de las ciudades de Europa permiten la explotación comercial de una gran cantidad de sus espacios públicos, desde la plaza de San Marcos en Venecia a los bulevares de París o de Roma, o cualquiera de las pequeñas calles de las islas del Peloponeso, esto solo por citar unos ejemplos bien representativos, pero allí las normas son bastante estrictas y cobran impuestos altos como garantía de selección y de la calidad del servicio. Incluso para los usuarios de estos espacios es usual que haya una diferencia de precios, bien se trate de estar al interior de los locales o en las terrazas que dan a la calle, siendo estos últimos los más costosos. 
Una decisión de esta naturaleza debe obtener una recíproca compensación, la de los dueños de los negocios que se usufructúan económicamente y la de la ciudad que recauda su parte; la Alcaldía ha decidido llamarlo el “impuesto de uso de las terrazas”.
Los antejardines son propiedad privada de uso público razón suficiente para que la administración ejerza la autoridad regulando su uso, asunto que de hecho está juiciosamente normatizado como veíamos en un párrafo anterior. Antejardines “privatizados”, encerrados en vidrieras, cubiertos completamente, con negocios de toda índole, incluso con vías que los atraviesan, privando a la ciudadanía de uno de sus espacios más relevantes. Antes de cualquier impuesto, de determinar su justo valor, de alzar la voz en rebeldía, es necesario examinar la ley y el cumplimiento de la misma.
La falta de control urbano ha permitido que cada quien haga de las suyas, una permisividad que cada día se extiende a muchos otros temas relacionados con el desarrollo urbano. Por eso pienso que ahora que la administración Municipal ha decidido tomar cartas en el asunto se debe comenzar por revisar la normativa, poner en cintura a los comerciantes que abusan flagrantemente de la ciudad “imponiendo” su ley y por supuesto cobrar el impuesto adecuado.
Pero no podemos dejar de lado que mientras se ha tomado la determinación de cobrar este impuesto es también el momento de rescatar para la ciudadanía el espacio invadido por los vendedores informales, miles de ellos se agolpan en las aceras obstaculizando la movilidad de la ciudadanía, sería un despropósito cobrarle a aquellos que han extendido sus negocios para acercarse a la calle y permitir la invasión absurda por descontrolada de los parques y los andenes. 
Una protesta que hace caso omiso e infringe la ley, que desconoce de entrada la primacía del interés general así se pague el impuesto predial, es una protesta viciada, carente de fundamento.
En todo caso esta discusión a todas luces parece anacrónica, dado que así funcionan la mayoría de las ciudades civilizadas del mundo y aquí como en muchas otras cosas seguimos devanándonos los sesos acerca de qué fue primero si el huevo o la gallina.