Manizales, la capital de Caldas, una ciudad intermedia con cuatrocientos mil habitantes, ubicada a 2.150 msnm sobre un ramal de la Cordillera Central de los Andes más septentrionales de América, emplazada en el centro occidente de Colombia y cerca del Nevado del Ruiz, es una preciosa urbe que, tras su monumental Catedral Basílica de estilo neogótico, emblema de la ciudad que comparte plaza con el Palacio de la Gobernación de estilo neocolonial, debe enfrentar los grandes desafíos socioambientales del presente siglo.
Para el efecto, partamos del pensamiento de Henri Lefebvre autor de “El derecho a la ciudad”, obra que cumple 50 años, y donde el filósofo y sociólogo francés, al considerar el impacto de la economía capitalista en las ciudades convertidas en una mercancía, plantea elementos teóricos que posibilitan estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, garantizar la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural, y asegurar el hábitat humano frente a las amenazas naturales. Existe consenso al considerar que el medio urbano, al hacer parte del espacio geográfico, también es un espacio social, y como tal no un producto preexistente a la acción humana, sino que se produce socialmente; de ahí que el territorio sea una construcción social e histórica.
En el caso de Manizales, cuyo territorio se ocupa desde mediados del siglo XIX: la ciudad no puede ser comprendida si no tenemos como puntos de partida, 1- el que en sus primeros cincuenta años, fueron los caminos que cruzaron la agreste geografía del occidente colombiano y los conflictos asociados a la colonización antioqueña, quienes favorecieron la aldea de bahareque y tapia pisada, por ser la atalaya desde donde se dominaba el cañón el Cauca; y 2- el que posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, fue el acelerado crecimiento forjado en la economía cafetera, lo que le permitió al poblado convertirse en una próspera ciudad de agrestes y frágiles laderas, cuyos pasivos ambientales y contradicciones soportan las barriadas colgadas de sus empinadas calles.
Pero hoy, no solo la ciudad es otra, sino también la expresión de su entorno social, económico y ambiental; veamos: 1- gravitan, además de la rotura espacial urbana, la fragmentación social favorecida por profundas brechas económicas y educativas que padecen los sectores más pobres y marginados; 2- la informalidad de una economía vinculada con la pobreza, agravada por la carencia de una política pública con estrategias y metas tendientes a la inclusión laboral, en especial para las mujeres y los jóvenes; y 3- la vulnerabilidad del hábitat debida pasivos ambientales relacionados con la separación de costos y beneficios en la explotación del medio ambiente, favorecida por un modelo conflictivo de ocupación del territorio.
Sabemos de los esfuerzos por hacer de Manizales una ciudad amable y de calidad, pero también de las falencias para emprender una gestión eficiente del suelo a la luz de la Ley 388 de 1997, razón por la cual el acceso a las vías públicas y demás espacios vitales para el disfrute del derecho a la ciudad, aún palidece frente a la proliferación de los guetos urbanos, máxime cuando la privatización de la plusvalía urbana acentúa la carencia de la inversión en infraestructura para los sectores deprimidos de la ciudad, y los procesos de cambio en el uso del suelo expandiendo la jungla de concreto, que favorece el mercado inmobiliario, atenta contra el interés común representado en los servicios ambientales y los ecosistemas a preservar en procura de un uso racional en armonía con la función social de la propiedad.
Para garantizar el derecho a la ciudad, los manizaleños, deberemos emprender un proyecto intelectual y político de largo alcance, orientado a su sustentabilidad, nutrido de procesos participativos en términos del espacio material del hábitat, y de la relación campo-ciudad; que mediante la apropiación del territorio por los colectivos urbanos, las organizaciones no gubernamentales y redes de la sociedad civil, comprometidas con la ciudad, transforme el ejercicio de la política; un proyecto cuyo objeto sea un modelo urbano verde y más humano, el fortalecimiento del tejido social y la descentralización de la infraestructura social y económica.