Laboré en seis entidades públicas y estoy convencida de que la mayoría de los servidores públicos son personas buenas: gente correcta, decente, honesta y muy trabajadora.
Los empleados públicos tienen mala fama. No falta quien los tilde de deshonestos, ladrones, bandidos. Cuando les va bien los califican solo de perezosos, negligentes o displicentes. Y al lado de esa crítica permanente a quienes trabajan con el Estado se alimenta un discurso paralelo según el cual todo lo del sector privado funciona mejor, es más rápido y más eficiente. Un discurso armado a la medida de quienes defienden los intereses privatizadores, con cierto tono de superioridad moral.
Los ciudadanos a veces somos esquizofrénicos frente a lo que queremos del Estado: por un lado esperamos que las cosas se resuelvan rápido, pero por otro lado deseamos que el Estado sea cada vez más pequeño y que tenga más controles para evitar la corrupción. Creemos que entre más filtros, vigilancia y revisión haya es mucho mejor porque así se evita que esos supuestos ladrones se roben los recursos públicos. Y por esa vía basada en la desconfianza se puede distorsionar la función pública: el empleado estatal debe concentrarse en responderle a las “ías” (Contraloría, Personería, Procuraduría, Fiscalía, auditorías y también derechos de petición de la ciudadanía) y eso le quita tiempo para cumplir la misión que le encomendaron. Atender los controles, que debería ser algo adicional a la tarea principal, muchas veces se convierte en el trabajo que realizan miles de empleados, de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Y si no lo hacen, los sancionan.
Así como no creo que la corrupción sea un mal generalizado entre la mayoría de los servidores públicos, tampoco creo que sea un fenómeno exclusivo o mayoritario del sector público. Pienso en Odebrecht, el cartel de los pañales, del papel higiénico, los cuadernos, el cemento y la alimentación escolar: todos involucran a actores del sector privado, en donde pasan muchas cosas que permanecen en la sombra, porque el escrutinio público dirige sus reflectores hacia los asuntos estatales.
El 26 de agosto se votará la consulta anticorrupción que trae siete preguntas, orientadas a bajarles los salarios a los congresistas y altos funcionarios del Estado, evitar que los condenados por corrupción tengan beneficios penales y puedan volver a contratar con el Estado, tener presupuestos participativos y limitar a máximo tres períodos el tiempo de permanencia en las corporaciones públicas.
Votaré siete veces sí por el mensaje político que encierra esta consulta: es un ejercicio simbólico de rechazo a la clase política que durante décadas ha gobernado y que trastoca el concepto de democracia por el de contratocracia. Creo que la consulta encierra un mensaje de repudio a esa élite que se ha beneficiado del erario para el lucro personal con prácticas que se fundamentan en el abuso del poder.
Votaré sí aunque me parece que la propuesta sobre presupuestos participativos puede derivar en discusiones engorrosas, lentas e inútiles, y que la idea de reducir el salario a los altos funcionarios puede desestimular el interés que tenga gente muy calificada e idónea para trabajar en el sector público.
En un país que votó “No” en el referendo por la paz no es de extrañarse que el resultado de esta consulta que se votará en tres semanas también pueda ser adverso, porque no alcance el umbral necesario. Aunque la iniciativa nació de las firmas que registraron 4.236.681 ciudadanos y en el congreso 84 senadores votaron a favor y ninguno en contra, sospecho que no será nada fácil movilizar a la gente para acudir a las urnas el 26 de agosto: hay poca publicidad, no hay candidatos o rostros visibles jalonando a los votantes; no hay tamal, lechona ni tejas y, al contrario, hay muchísimos concejales, diputados y congresistas interesados en que no prospere el articulito que los obliga a dejar el cargo luego de tres períodos.
Esos caciques, ese puñado de jefes políticos atornillado en el poder, que gana salarios millonarios pero además recibe coimas, propinas, o regalos, es el que oprime y presiona a los cientos de trabajadores públicos honestos que hay en este país y que sobreviven mes a mes estirando su salario. Ojalá esos servidores públicos, que suman más de 1,6 millones incluyendo maestros y fuerza pública, fueran los primeros en movilizarse para convencer a familiares y amigos sobre el valor de esta consulta anticorrupción. Serían ellos los primeros beneficiados.