Cristian Camilo Ruiz
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
Esta semana, el país se estremeció nuevamente con otro escándalo de corrupción. En esta oportunidad, la involucrada es una de las instituciones más importantes del país: La Corte Suprema de Justicia, esto luego de que tres expresidentes de ese tribunal se vieran salpicados en asuntos relacionados con la aparente venta de sus fallos, todo para supuestamente beneficiar a congresistas quienes tenían investigaciones en esta corporación.
Los hechos han generado un gran descontento y preocupación por lo que pueda estar sucediendo en la Corte y -sobre todo- desde cuándo viene sucediendo. Hoy, los exmagistrados y expresidentes en líos son Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, quienes han sido el centro del debate durante los últimos días en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación.
Este hecho, de nuevo afecta la credibilidad de esta alta corte, haciendo que desde varias posiciones se propongan distintos escenarios para tratar de solucionar la crisis que desde hace unos años enfrenta la justicia.
Mina la credibilidad
Según Jorge Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, cuando las personas no confían en la honorabilidad de sus jueces se quebranta la democracia y el sistema de confianza que hay frente a las instituciones de justicia.
Con él concuerda el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien relaciona esta crisis con el vínculo que ha tenido la administración de justicia con la política. “Tenemos que replantear la manera como son elegidos tanto los magistrados, como el Procurador, el Fiscal, el Contralor, entre otros”.
Hernández también indica que desde varios sectores se ha venido rechazando la forma como se están eligiendo los altos funcionarios del país, ya que se elige no con base en su experiencia y hoja de vida, “sino teniendo en cuenta a los padrinos políticos y quién está detrás de cada nominación”.
Reforma a la justicia
Luego de que estallara este escándalo de corrupción, la propuesta de una reforma a la justicia volvió a revivir. Para algunos expertos, este sería el mejor escenario para contrarrestar la crisis que se vive y para solventar los daños que ha generado la poca credibilidad de los ciudadanos por sus instituciones.
Burbano cree que la reforma que se debe imponer no solo debe atacar los problemas de corrupción sino también aquellos que enfrenta la administración de justicia. “No podemos plantear reformas a la justicia circunstanciales, como por ejemplo propuestas que se hagan en campaña política, de aspiración presidencial o Congreso”.
Con esta postura concuerda Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, quien asegura que una posible reforma no debe ser planteada en medio del debate electoral.
“Sí es necesaria, pero no puede ser un 'Fast Track', porque no puede salir bien”.
Por su parte, Hernández señala que esta debería buscar “cambiar la forma como son elegidos los magistrados, garantizando la independencia y el rompimiento de los lazos con la politiquería, para que sean las calidades, la trayectoria y antecedentes los que determinen que alguien pueda llegar a ser magistrado de una alta corporación”.
Sin embargo, para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, Augusto Ibáñez, la solución no radica en una reforma, sino en hacer cumplir la normativa vigente.
Desmorona
Los expertos concuerdan en que desde hace unos años el país ha visto cómo se ha descompuesto la ética y la moralidad de los funcionarios.
Para Ibáñez, esta es la principal causa para que se cometan delitos y no es un problema inherente a los altos funcionarios, sino de la sociedad en general.
Hernández concuerda con esta posición: “En el país se han perdido los principios y los valores, no hay un concepto de moralidad que debería imperar en el ejercicio de todo cargo”.
Finalmente, para los juristas, la academia debe cumplir una labor importante en la formación de sus estudiantes y la ética debe ser un elemento fundamental para contrarrestar estos casos de descomposición profesional de los funcionarios de las instituciones del país.
Crisis de las instituciones
Esta crisis, que no solo vive la justicia, escandaliza al país desde hace un tiempo. Hace un año, el turno fue para la Corte Constitucional con el caso del magistrado Jorge Ignacio Pretelt y su presunta participación en el escándalo de Fidupetrol.
Y hace tan solo unas semanas, se conoció la captura del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien habría recibido dineros del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para beneficiarlo en una investigación que se le adelanta por un desfalco a las regalías del departamento.
Este último caso fue el que permitió descubrir el entramado de corrupción que, al parecer, llegó hasta la Corte Suprema, donde esta semana se vieron involucrados los tres expresidentes de la alta corporación.
Frente a todo esto, José Gregorio Hernández resalta que con este caso se deshonra la reputación de la Corte Suprema y queda confirmado que la crisis institucional “es todavía más profunda de lo que pensábamos”, entrando en una etapa de oscuridad institucional de la cual va a ser muy difícil salir.
La función de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es también centro de la propuesta de la eventual reforma, porque después de tantos años no ha sido efectiva en avanzar y dar solución a los procesos de investigación, que en su gran mayoría terminan archivados.
“Hay que seguir insistiendo, sobre todo en la formación de los nuevos abogados, en la importancia que tiene la ética, la decencia y el decoro profesional. Con estas cosas tratamos de salvaguardar en algo lo que queda de la imagen de la justicia”, Jorge Kenneth Burbano.
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“La Corte Suprema debe retornar a los buenos momentos que tuvo hace unos años cuando enfrentó el Proceso 8000, la Parapolítica, la Yidispolítica y los procesos de Justicia y Paz, esos tiempos son los que tenemos que recuperar”, Augusto Ibáñez.
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