Nueva ofensiva de Gustavo Petro por recuperar sus derechos

Los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) analizan la posibilidad de dar trámite al caso del exalcalde Gustavo Petro a través de mecanismos del Sistema Interamericano distintos a la medida cautelar.

Esto como respuesta a la destitución de Petro, ejecutada por el presidente Juan Manuel Santos a pesar de la recomendación de la Cidh, que pretendía suspender los efectos del fallo de la Procuraduría mientras hacía un pronunciamiento de fondo.

Bajo los nuevos escenarios es prácticamente imposible que Petro recupere su cargo. Sin embargo, la novela podría continuar – tal vez por años – con una disputa legal intensa en torno a la restitución de sus derechos políticos, dado que la Procuraduría estableció una sanción de 15 años de inhabilidad.

La normativa del organismo sugiere dos caminos y un posible destino: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica (Corte IDH), cuyos fallos se consideran vinculantes.

En primer lugar, los comisionados podrían optar por darle trámite al caso de Petro a través del Sistema de Peticiones. En este punto, se procede a una evaluación de fondo. Es decir, un análisis exhaustivo del caso bajo la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconocen 35 países, incluida Colombia.

Si bajo esos parámetros se concluye que hubo violación a los derechos humanos del solicitante (Petro), se emiten de nuevo recomendaciones al país, y si éstas no se atienden, la Cidh tramita al caso a la Corte IDH. Este escenario requiere paciencia, porque toma meses o años.

La otra opción es más rápida. La Cidh podría enviar el caso Petro ante la Corte IDH de una vez, y pedir que se otorguen medidas provisionales. Se recurre al Artículo 63.2 de la Convención, y en teoría, no hay duda sobre su cumplimiento obligatorio.

Para Santiago Cantón, exsecretario de la Cidh, el caso “debería pasar a la Corte IDH porque es la única alternativa. Pero temo que esta vez no se haga, y si sucede, que la Corte lo rechace por el antecedente de Jorge Castañeda”.

Cantón se refiere al caso del excanciller mexicano, Jorge Castañeda, quien recurrió a la Cidh en el 2005 luego de que autoridades electorales de su país le negaran el derecho a inscribirse como candidato presidencial porque lo hacía a título independiente y no como miembro de un partido. La Cidh otorgó medidas cautelares, México no las acogió, el caso pasó a la Corte IDH, pero allí se cayó, los jueces consideraron que no procedía.

Para el lunes está prevista una reunión en la Cidh, en la que están convocados miembros del Gobierno Nacional y abogados de Petro para intercambiar conceptos sobre las garantías a los derechos políticos en Colombia.

Según fuentes del Gobierno consultadas por El País, causó una gran molestia en el Ejecutivo que la Cidh otorgara medidas cautelares a la media noche del martes, solo unas horas después del pronunciamiento del Consejo de Estado sobre las últimas tutelas de Petro. Eso habría minado la posibilidad de entablar un diálogo frente a eventuales acciones de Santos.

En la Cidh, expertos aseguran que el organismo obró así porque las medidas cautelares no tendrían sentido si Santos se anticipaba y firmaba antes la destitución de Petro.

En todo caso, es innegable que hay un ambiente tenso entre la Cidh y el Gobierno. Se trata de un pulso peligroso para ambos, porque Colombia, después del fallo de la Haya sobre San Andrés, comienza a desatender solicitudes de organismos internacionales a los que por años pregonó respeto; mientras la Cidh recibe un bofetón de uno de los países con mejor relación jurídica. Además, podría enfrentarse a una cascada de solicitudes de medidas cautelares similares a las de Petro, por políticos colombianos y del Hemisferio destituidos por una autoridad no judicial después de ser elegidos popularmente.

Para Viviana Krsticevic, directora de la organización Cejil y experta en Sistema Interamericano, “la decisión del Ejecutivo colombiano genera preocupación porque vulnera la aplicación de convenios internacionales de derechos humanos, erosiona el sistema democrático y mina la legitimidad del Sistema Interamericano como tal”.