COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Una sala del Tribunal Superior de Bogotá ordenó al presidente Juan Manuel Santos acatar las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, en favor de Gustavo Petro. De esta manera, el mandatario destituido, volverá a su cargo como alcalde de la ciudad.
La decisión se tomó luego de resolver un recurso de tutela interpuesto por un ciudadano, quien consideró que el jefe de Estado tenía la obligación de acoger las decisiones de la Comisión, en este caso las referentes a las medidas cautelares, que en su momento ordenaron frenar la decisión de la Procuraduría General de destituir e inhabilitar a Petro.
En el fallo, emitido por los magistrados Óscar Humberto Ramírez y Jorgé Hernán Vargas, se ordena la restitución a su cargo en un periodo de 48 horas.
Expertos consultados por Colprensa consideran que una vez el presidente sea notificado de la noticia deberá acatar el fallo del Tribunal, de lo contrario estaría incurriendo en un delito conocido como prevaricato.
Así las cosas, el alto tribunal acogió los derechos de Petro amparados en el artículo 23 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual argumenta que cualquier ciudadano tiene el derecho de “elegir y ser elegido en elecciones periódicas auténticas”.
Con respecto a la decisión del Alto Tribunal, Gustavo Petro se mostró satisfecho y a través de su cuenta en la red social Twitter dijo: “Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos".
Consultado por Colprensa, el reconocido jurista Rodrigo Uprimny explicó que una vez notificada la tutela, la presidencia de la República tiene tres días para impugnar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, indicó que la posibilidad de impugnar no evita que el Gobierno Nacional tenga que cumplir con la orden.
Sin vigencia
El abogado Héctor Carvajal (del equipo de Defensa del hoy exmandatario) explicó que con la determinación “queda sin vigencia el decreto 570, con el que fue destituido el alcalde. La decisión es de obligatorio cumplimiento. Si el presidente presenta impugnación, no interrumpe los efectos de cumplimiento inmediato que tiene esta decisión”.
Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, tras las irregularidades que rodearon el esquema de basuras implementado a finales del 2012 por la administración de Petro.
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