COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Sala Plena del Consejo de Estado se apresta hoy a estudiar la demanda que presentó la exsenadora Piedad Córdoba, en contra de la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación por Farcpolítica en 2008.
El caso está en manos del magistrado William Hernández, quien en su proyecto de fallo estipula que Córdoba fue sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que, según el fallo, asesoró políticamente.
Las pruebas del procurador Ordóñez se basaban, entre otros, en los computadores de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, el canciller de las Farc, muerto en un bombardeo en Ecuador, en marzo del 2008, durante la Operación Fénix.
La sanción en contra de Córdoba había sido ratificada por la Corte Constitucional, al estudiar una tutela, en dos ocasiones.
Otra sanción
La exsenadora Piedad Córdoba tiene otra sanción de destitución e inhabilidad por 14 años impuesta por la Procuraduría por entregar en el 2010, 25 millones de pesos a la campaña del entonces candidato a la Cámara por el Atlántico, Ricardo Montenegro. El fallo contra Córdoba se derivó de denuncias del Consejo Nacional Electoral.
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