COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Alexánder Vitonás Casamachín, de 18 años, se suma a la trágica lista que enluta por estos días a la población indígena del Cauca. Su asesinato ocurrió en la noche del sábado en la vereda Loma Linda, del municipio de Toribío, según confirmó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
Este es el segundo ataque a esa comunidad durante esta semana en Toribío, donde el pasado martes fueron asesinados la gobernadora del resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista, y otros cuatro comuneros en medio de una emboscada al vehículo en que se movilizaban por la zona rural.
El alcalde de Toribío, Alcibíades Escué, indicó que el hecho sucedió tras la ‘siembra’, o entierro de la gobernadora Cristiana Bautista y denunció que existe un plan para exterminar a las comunidades nativas asentadas en la zona rural de esta localidad del norte del Cauca.
“Es alguien muy poderoso que nos está matando, pero nosotros, bajo la sabiduría de nuestros ancestros y de la vida misma, nos defenderemos”, agregó Escué.
Respuesta de Presidencia
El Gobierno Nacional, que hizo presencia esta semana en el departamento, anunció 2 mil 500 hombres del Ejército para esta región del país, con el fin de intensificar los operativos y velar por la seguridad de los indígenas.
Sin embargo, el anuncio no cayó muy bien entre los comuneros y mucho menos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también rechazó la medida de respuesta frente a la ola violenta, por no considerar que sea la mejor forma de atacar la difícil situación que se vive en el territorio contra las poblaciones étnicas.
Ante eso, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió de nuevo al tema el sábado desde Armenia (Quindío) donde reiteró que la intención del Estado no es invadir las creencias ancestrales, pero que para protegerlos se necesita de la colaboración.
“Muchos de esos bandidos quieren meterse a los resguardos porque saben que ahí hay más dificultad de acceso de la Fuerza Pública. Se quieren aprovechar de todas esas limitaciones o más que limitaciones, se quieren valer de la situación de cosmovisión de las comunidades para tratar de intimidarlos a ellos y protegerse”, expresó el mandatario.
Aumento de cultivos ilícitos
Señaló que entiende la cosmovisión y la ancestralidad, pero que su deber es proteger a todos los colombianos, incluyendo, las comunidades indígenas. Sostuvo que no descansará hasta liberar el norte del Cauca de los grupos criminales combatiéndolos con la Fuerza Pública, pero también con oferta institucional.
“Que quede claro que en esa región vamos a llegar con la Fuerza de Despliegue # 4 para proteger y ejercer control territorial, para romperles la cadena de suministro del narcotráfico y para desvertebrar a la ‘Dagoberto Ramos’ y la ‘Jaime Martínez’, pero no lo hacemos solamente con la idea de presencia militar, vamos a seguir llegando a esa zona con la intervención social del Estado”, puntualizó.
El presidente reiteró que la situación de violencia que atraviesa el Cauca se debe al aumento de cultivos de uso ilícito entre los años 2015 y 2018, antes de su gobierno. Dijo que en estos momentos disidentes de las Farc y otros grupos quieren apropiarse del territorio, intimidando a las comunidades indígenas.
Tanto la ONU como la ONIC le pidieron al Gobierno buscar una solución integral a la situación que atraviesa el Cauca, donde esta semana se presentaron dos masacres en contra de la población civil, y no solo aumentar el pie de fuerza en ese territorio, argumentando que la militarización no es la solución, como ya se ha demostrado en años anteriores.
"Este no es un evento aislado. Las comunidades y pueblos indígenas del Cauca están sufriendo una violencia incesante e inaceptable. La situación está empeorando a pesar de los repetidos llamamientos para abordarla. Instamos al Gobierno a que adopte medidas urgentes, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para poner fin a estos mortíferos ataques", afirmó la ONU.
Consejo de seguridad
En un consejo de seguridad en el Cauca, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, recalcó que las estructuras del narcotráfico “son la causa de las masacres y los asesinatos que han ocurrido en los últimos días” y añadió que en materia de investigación la tarea le corresponde a la Fiscalía.
El jefe de la cartera insistió en que la llegada de los 2 mil 500 uniformados que integrarán la Fuerza de Despliegue Rápido #4, desde diciembre, será un factor decisivo para la estabilización de orden público en el departamento.
“Vamos a atacar dos estructuras: la 'Dagoberto Ramos', en la cordillera central, y la 'Jaime Martínez', en la cordillera occidental. Pensamos que la Carlos Patiño (otro grupo armado), ha venido siendo desarticulada de manera significativa en el sur del departamento”, señaló Botero en rueda de prensa.
Sobre la propuesta de la ‘carpa blanca’ tan mentada por estos días, Botero dijo que, hasta donde se extienden las capacidades de la Fuerza Pública, han propiciado esta iniciativa, aunque confesó que no han conversado del tema con los delegados de la comunidad indígena.
Ante un eventual aumento de recompensa por los cabecillas que delinquen en la zona, entre ellos Mayimbú, por quien se ofrece $1.000 millones manifestó que estuvo a la espera de un certificado de disponibilidad presupuestal, pero que el documento no le llegó en su momento. No obstante, añadió que en los próximos días habrá un “incremento significativo en las recompensas. Lo que se está ofreciendo no ha motivado lo suficiente”.
El consejo de seguridad se realizó tras la masacre en Corinto, la segunda de esta semana en el departamento, en la que fueron asesinadas cuatro personas que integraban un equipo de ingenieros y topógrafos.
Cifras
En total van 54 indígenas asesinados en lo que va del 2019, entre ellos 15 guardias, 5 autoridades y 1 líder espiritual, casi todos bajo las mismas características de los ataques: sujetos emboscan los vehículos que movilizan a los comuneros, para después atacarlos con fusil y explosivos.
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