Vecinos de Santa María del Camino (Manizales) se juegan sus últimas cartas

LA PATRIA | MANIZALES

Para las 10 familias del conjunto cerrado Santa María del Camino el fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior es inconsistente e ignora sus derechos fundamentales. Por esto interpondrán tutelas ante la Corte Suprema de Justicia, pues consideran que sus viviendas no invadieron a su vecino, el conjunto Arboletes.

En reunión con vecinos, el médico Germán Andrés Valencia señaló que el constructor de las casas, ingeniero Gustavo Castaño Loaiza, modificó los planos que aprobó la Curaduría Urbana Primera. "Compramos confiados. Cada casa tiene los documentos legales de Curaduría y notarías".

A las familias les preocupa que lo que está en juego son sus patrimonios. El Tribunal ordenó que si el urbanizador no corrige el exceso de construcción, al haber edificado sobre el retiro de norma de tres metros, colindando con Arboletes, la Alcaldía debe demoler en un plazo que se cumple en 19 días. "Queremos que se reconsidere la decisión", insistió el médico.

Sin invasión

El médico agregó que en agosto del 2016 intentaron conciliar, pero no hubo acuerdo. "Queremos dejar claro que no estamos metidos en Arboletes. Es en nuestro conjunto donde se hicieron las modificaciones que fueron entendidas como ilegales".

En este proceso, a los afectados les llama la atención que nadie detuviera la construcción hace cinco años y aplicaran controles. Según ellos, al ingeniero Castaño lo han visto por la ciudad, saben que se declaró insolvente y no les volvió a responder por el lío en el que los metió.

El médico publicó su queja en la página Change.org para que el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona; el Ministerio de Vivienda, y la Sala Civil del Tribunal conozcan la situación y los apoyen reversando la decisión. Hasta ayer, a las 6:48 de la tarde, esta petición contaba con el apoyo de 3 mil 467 internautas.

Inconsistencias del fallo

Según los propietarios, el fallo tiene inconsistencias. Aseguran que no se tuvieron en cuenta individualidades; menciona 700 metros cuadrados para demoler, pero no indica sobre cuántos metros por casa, y tampoco refiere cuáles partes de las casas deben demolerse, aunque ellos intuyen que serían los tres metros de la zona trasera. La construcción de las casas es en mampostería confinada, si se retira un ladrillo sufre toda la estructura.

Afectados

Víctor Raúl Ramírez

La sentencia pareciera que no se basa en estudios técnicos. La afectación será, además de nuestras familias, en todo el conjunto que cuenta con 21 casas.

Dora Ortiz

Es injusto. Quienes compramos vivienda en Manizales lo hacemos sin queja porque confiamos que todo esté funcionando administrativamente. La Alcaldía no actuó efectivamente.

Mario Alzate

Vivimos un drama doble. Nos estafó un urbanizador que no se ciñó a los planos aprobados y hoy no nos da la cara. También somos víctimas de las omisiones de la Alcaldía anterior.

El proceso

* 22 de febrero del 2011. La Curaduría Primera dio licencia de construcción a Gustavo Castaño Loaiza para la tercera y última etapa de Santa María del Camino: 10 viviendas unifamiliares, salón comunal y portería. 1.229,6 m2 de área construida.

* 23 de septiembre del 2011. Castaño Loaiza indicó a Planeación que demolió voladizo realizado sin aprobación en la licencia, abrió los garajes y demolió muros de patios.

* 7 de mayo del 2014. La Inspección de Control Urbano de la Secretaría de Planeación multó con $110 millones 764 mil 936 a Castaño Loaiza por no respetar el retiro del predio vecino y ordenó demoler las obras ilegales.

* Diciembre del 2015. El entonces administrador de Arboletes, Giovany Murcia, solicitó visita de Planeación.

* 8 de enero del 2016. El secretario de Obras Públicas, César Alberto Gutiérrez, dijo que su despacho no cuenta con presupuesto para demoler.

* 30 de junio del 2016. La administradora de Arboletes, Adriana Patricia Pineda Marín, solicitó cumplir las resoluciones. Planeación le responde que el 30 de octubre del 2014 ofició a la Tesorería Municipal para que cobre la sanción, y el 5 de enero de ese año solicitó a Obras Públicas la demolición. Tesorería dijo que adelanta cobro coactivo contra Castaño Loaiza.

* 26 de julio del 2016. Arboletes presentó acción de cumplimiento contra la Alcaldía para que ordene demoler las obras.

* 4 de octubre del 2016. El Juzgado Segundo Civil del Circuito ordenó ejecutar las demoliciones e imponer multa.

* 6 de octubre del 2016. El Municipio decide no apelar.

* 26 de octubre del 2016. El Juzgado recibe recurso de apelación y el caso pasa al Tribunal Superior Sala Civil.

* Enero del 2017 el Tribunal confirma la decisión del Juzgado Segundo.

* Febrero del 2017 los abogados de las familias radicarán tutelas en la Corte Suprema de Justicia, como ente superior del Tribunal.