Una justicia que no deje dudas

a Fiscalía General de la Nación espera que el próximo 30 de enero el excandidato a la Presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga, asista a cumplir con un interrogatorio acerca del episodio del hacker Andrés Sepúlveda. De manera muy rápida y con gallardía, el dirigente del Centro Democrático respondió que acudirá a la citación, como deben hacerlo todos los buenos ciudadanos cuando son requeridos por cualquier institución del Estado. Un día antes la citación es para su hijo David Zuluaga y para el 28 de enero se espera la presencia del exembajador Luis Alfonso Hoyos.

Así como el excandidato presidencial ya se comprometió a cumplir con el llamado de la Fiscalía, los directivos de ese organismo de investigación y acusación deberían entregarle a Zuluaga el video completo en el que se le observa con el hacker, tal y como lo ha solicitado, sin necesidad de que tenga que acudir al uso de la acción de tutela. No hacerlo es darles la razón a quienes hacen reparos a la manera como actúa esa institución, dejando ver que detrás de todo este asunto podrían tenerse móviles políticos.

Sepúlveda afirma que fue contratado por la campaña del partido uribista con el objetivo de infiltrar, sabotear y atacar por redes sociales el proceso de paz, haciendo uso de información reservada y de inteligencia de las Fuerzas Militares, y que el fondo de todo era lograr el objetivo de que el presidente Juan Manuel Santos no fuera reelegido. Es fundamental que, en uso de sus derechos a la defensa, el excandidato, su hijo y el exembajador asistan a las audiencias mencionadas y desvirtúen todas las supuestas pruebas que se tienen en contra de ellos.

Es evidente que en otras actuaciones el fiscal Eduardo Montealegre ha dejado ver sus afinidades con el actual gobierno de Santos, y que es fácil interpretar que podrían tenerse intereses políticos en estos llamados a interrogatorios. No obstante, es muy mal visto que personas que siempre han sido respetuosas de las reglas democráticas y de las instituciones, en general, traten de hacerle el quite a la justicia. No es un mensaje positivo para el resto de colombianos que algunos líderes del uribismo decidan irse del país cuando están ad portas de un requerimiento judicial, eso es algo que le resta mucha credibilidad no solo a las instituciones (lo que ya es grave), sino a partidos políticos que basan sus propuestas en la moralidad pública.

La Fiscalía y, en general todo el aparato de justicia, tiene que ser muy objetivos en el tratamiento de este caso, haciendo uso de fórmulas claras que no dejen lugar a sospecha de intereses oscuros. En nada contribuye en esto actos que podrían ser violatorios del debido proceso y del derecho a la defensa, como las supuestas presiones a la administración de justicia para que haya culpables antes de tiempo. El país tiene que exigir que haya total transparencia, de lado y lado para que no haya dudas, y que solo paguen los que realmente sean responsables de algún delito, con todo el sustento jurídico.

Esperamos que todo este episodio termine lo más pronto posible y con lo que sea realmente justo. Todos los sectores democráticos tienen la responsabilidad de aportar en el respeto de las instituciones, tanto desde su manejo como desde las actuaciones como ciudadanos. Tampoco puede tolerarse que la justicia sea usada políticamente, porque se debe ir en pos de la verdad y la política generalmente se usa como factor distractor, con un trasfondo que persigue intereses que se mantienen ocultos y que son contrarios a lo verdadero.