Se ha venido hablando acerca de la posibilidad de reabrir la frontera con Venezuela. De hecho, para el próximo 4 de agosto está programada una reunión de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para hablar sobre ese tema, y ver las posibilidades de acabar con el cierre que ajusta ya 11 meses, luego de una determinación arbitraria del gobierno de Nicolás Maduro de sacar del vecino país a miles de colombianos de bajos recursos económicos.
Un punto fundamental a tener en cuenta, antes de que se pueda reabrir la frontera tiene que ver con la seguridad y la garantía de un comercio legal entre los dos países. Es sabido por todos que normalmente allí se genera un complejo problema de contrabando, actividades de narcotráfico y comercio irregular de combustibles, entre otras conductas ilegales, que le hacen mucho daño a la economía, y que son el detonante de una profunda crisis humanitaria que afecta a las familias más vulnerables de la zona.
La realidad social venezolana es compleja, debido a la escasez de alimentos y demás productos básicos, y a la escalada inflacionaria en la que se ha caído, haciendo que todo el país se empobrezca. Es de tal gravedad esta crisis que el propio Maduro aceptó que los venezolanos puedan pasar la frontera hacia Cúcuta, en dos jornadas que se completaron con miles de vecinos viniendo a abastecerse el pasado fin de semana, debido a que allá se han quedado cortos en las provisiones de víveres y medicinas. Con el actual paro camionero en Colombia, tampoco se ha tenido un óptimo abastecimiento de alimentos en la capital del Norte de Santander, lo que tiene efectos en los precios de esos productos a este lado de la frontera.
Por esto, entre otros factores, es absolutamente indispensable que una eventual reapertura de la frontera llegue con la certeza de que se tendrá una seguridad garantizada, que no se les seguirá dando margen de maniobra a las mafias del narcotráfico y del contrabando, y que todos los mecanismos del intercambio comercial y migratorio se den de manera clara y ordenada. Con todo lo malo que está ocurriendo hoy en Venezuela, y también sabiendo que lo que allí pase puede afectarnos de manera directa, es vital que toda decisión sobre la frontera sea muy bien pensada, no hay espacio para las improvisaciones.
Las mismas condiciones que se garanticen en Cúcuta es fundamental que se exijan para la Guajira, Arauca y a todo lo largo de la extensa frontera de 2.200 kilómetros que comparten los dos países. Los fuertes controles a ambos lados y la garantía de que no habrá más ilegalidad tiene que ser el presupuesto mínimo para cualquier determinación definitiva. Desde luego que es bueno mantener una actitud de cooperación binacional, sobre todo en lo que tiene que ver con las posibilidades de comercio para los productos colombianos, pero una actitud ligera podría desencadenar en nuevos y múltiple problemas.
Otro punto en el que el Gobierno Nacional debe hacer exigencias es el digno retorno de los colombianos que fueron expulsados y que ahora deseen regresar a Venezuela. Las cosas tampoco pueden seguir como estaban antes del cierre de la frontera. Si se va a abrir tiene que ser para mejorar la seguridad y combatir la ilegalidad en todas sus formas. Hay que impulsar, además, un cambio cultural que tienda hacia la formalización de todas las actividades comerciales que se desarrollen allí, y en el caso de los cucuteños darles las alternativas para que no dependan tanto del vecino país.
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