Una decisión con duras advertencias

La Corte Suprema de Justicia será la encargada de juzgar al expresidente de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt por las supuestas prebendas que habría recibido, con el objetivo de favorecer a la liquidada Fidupetrol en el trámite de una acción de tutela que cursaba en su contra, y que tenía que ver con su condena a pagar $22.500 millones a Casanare, por pérdidas de regalías en un fallido negocio de explotación de carbón líquido. 
En una votación que no se veía desde hace cerca de 57 años en el Senado de la República para un caso como este (el general Gustavo Rojas Pinilla fue el personaje señalado en ese momento) una amplia mayoría de 55 votos contra cinco y el retiro de la bancada del Centro Democrático, despojó del fuero a Pretelt, quien además de quedar suspendido en forma automática tendrá que responder penalmente por presunta concusión.
Adicionalmente, el exmagistrado deberá hacerle frente a un juicio político en el Senado por indignidad, porque la mayor parte de los parlamentarios considera que resultó válida la acusación de que pidió $500 millones para ayudar a tramitar en favor suyo la tutela contra Fidupetrol. Hay que recordar que el proceso en contra de Pretelt ya agotó todas las instancias de investigación en la Cámara de Representantes y también en el Senado, y que es la primera vez en la historia que un alto dignatario del Estado se enfrenta a un juicio como el señalado ante la Corte Suprema. La del pasado miércoles en el Senado en contra de Pretelt fue una decisión que envía duras advertencias a los poderosos del sector público que se extralimitan y abusan. En eso hay que destacar la decisión del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien sin darle largas al asunto lo sometió a votación de esa cámara.
Hay diversos argumentos que, efectivamente, señalan a Pretelt como responsable del delito del que se le acusa, y pese a que dio sus versiones en el Senado sus explicaciones no resultaron satisfactorias para la mayoría de los congresistas. En manos de los magistrados de la Corte queda ahora la suerte del polémico magistrado, quien en el tránsito de este proceso ha echado mano de toda clase de herramientas jurídicas con el propósito de retrasar y entorpecer el juicio. La justicia colombiana, tan cuestionada, tiene la oportunidad de demostrar que va transitando hacia la recuperación de su credibilidad. 
Infortunadamente, desde la década pasada se empezaron a dar fenómenos que evidenciaron una politización de la justicia que ha ido debilitando su respetabilidad. Eso unido a las fallidas reformas de ese poder público, debido a injerencias indebidas de algunos de sus miembros, han puesto en tela de juicio la seriedad y compromiso de gran parte de los magistrados y jueces en el país. A esto se han sumado episodios de corrupción descarada que no deja de sorprendernos, más cuando sus protagonistas son quienes deberían darles ejemplo al resto de ciudadanos.
Si Pretelt es hallado culpable por la Corte Suprema podría afrontar una pena de prisión de 6 a 10 años, más una multa que estaría entre los 50 y los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilidad de 5 a 8 años para ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo, el juicio político en el Senado podría llevar a que Pretelt sea declarado indigno y a recibir como sanción la destitución definitiva de su cargo y la suspensión de sus derechos políticos.

Acerca del proceso que comienza en la Corte, tratándose de un juicio entre los juristas de más alto nivel en el país, se esperan discusiones de hondo calado en Derecho que deberán analizar hasta los más mínimos detalles de los hechos y fallar sin injerencia de ninguna motivación política. Esperamos que al final solo se aprecie el brillo de la justicia. Ahora bien, como la defensa también ha llevado este caso a instancias internacionales, habrá que esperar el desenlace en ese otro escenario.