Vuelve y juega la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro aprovecha otra vez para tratar de exaltar el espíritu nacionalista de sus gobernados e inventarse un conflicto con nuestro país, de tal manera que en las elecciones legislativas del 6 de diciembre próximo les garantice a los chavistas mantener las mayorías, y no dar la oportunidad de que la oposición se crezca. Nuestros compatriotas en ese país se convierten en los chivos expiatorios de una ambición desmedida de poder que ignoramos hasta dónde podrá llegar.
Se equivoca el gobierno de Maduro al cerrar la frontera y deportar a nuestros compatriotas, como si fuéramos nosotros los causantes de sus múltiples problemas. Los asuntos inherentes al contrabando tienen mucho más fondo, y es a través de una tarea coordinada y conjunta como pueden obtenerse frutos. Tiene que tener claro el gobierno venezolano que no solo los colombianos participan de este fenómeno, sino que a los venezolanos también les cabe su responsabilidad. No es acusando a los nuestros de ser supuestamente paramilitares, como se encuentran las salidas, cuando es evidente que familias completas, con numerosos niños, son las que padecen el rigor de las medidas.
Desde luego que el Gobierno Nacional tiene que mantener la calma y tratar de encontrar remedios a través de las vías diplomáticas, pues no vale la pena caer en un juego belicoso, del que solo sacará partido el chavismo. Lo que se debe buscar por todos los medios es que nuestros compatriotas dejen de ser víctimas de los atropellos y del trato indigno que hoy reciben, en medio de un drama que los llena de sufrimiento y frente al cual nuestro país tiene que reaccionar con energía, exigiendo respeto y brindando ayuda a quienes están en medio de esta crisis social.
La iniciativa de tener una Mesa Humanitaria Unificada, en la que el Estado colombiano dé atención a los afectados con las determinaciones arbitrarias de Maduro es lo mínimo que puede tenerse. Hay que rechazar con mayor vehemencia el trato inhumano que la guardia venezolana les está dando a los colombianos. Es inadmisible que les estén tumbando las casas y dañando sus enseres por el solo hecho de provenir de este lado de la frontera, pese a que lleven viviendo, incluso, varias décadas en el vecino país.
Ante esto, es urgente que organismos internacionales intervengan con decisión, pues este tipo de comportamientos xenófobos, discriminatorios y brutales no pueden pasar desapercibidos. Por el contrario, deben entrar a poner en su lugar a Maduro y su gobierno, exigirles respeto por la dignidad humana, garantía de los derechos humanos y, si es el caso, emprender procesos sancionatorios. No puede permitirse que prosperen y se afiancen comportamientos dictatoriales como los que se ven en esta coyuntura, los cuales llenan de sufrimiento a centenares de familias colombianas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está prácticamente estrenando cargo, tiene la oportunidad de dejar huella en una resolución sensata de este conflicto. Su recomendación de diálogo directo es pertinente, pero no le puede temblar la voz al señalar con nombres propios los abusos y violaciones en las que se está incurriendo. Ese organismo y otros como Unasur no pueden quedarse como meros observadores de lo que está pasando, sino que tienen que asumir una posición en sintonía con el Derecho Internacional Humanitario. Tanto de estas instancias como del Gobierno colombiano esperamos firmeza, con la exigencia de no seguir pisoteando a nuestros compatriotas.
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