Que no sea letra muerta

La violencia en los estadios de fútbol, protagonizada principalmente por miembros de las llamadas barras bravas, se ha convertido en un problema que desborda las capacidades de reacción y control que ejerce la Policía en coordinación con las autoridades locales. Además de tener que afrontar esta situación en los estadios colombianos, nos hemos convertido infortunadamente en exportadores de este tipo de comportamientos bochornosos, como se ha denunciado recientemente en Perú, Argentina y Paraguay, lo que hace que el problema requiera la implementación de medidas radicales y efectivas, como en su momento se hizo en el Reino Unido para controlar a los hooligans.

Hoy Colombia está en el primer plano de los medios, producto de nueve incidentes que se presentaron durante el último mes en el país y fuera de él, como consecuencia del comportamiento delictivo de miembros de las barras que apoyan a los diferentes equipos. Los mal llamados hinchas de Nacional, Cali y Santa Fe, en los casos ya mencionados, enlodan la imagen de todo un país con sus actuaciones desmedidas. A eso hay que ponerle coto, para que las normas no sean letra muerta.
Ahora bien, no es la primera vez que estamos en el ojo del huracán. La violencia en el balompié colombiano parece un tema sin control y de nunca acabar, y cuesta creer que todo pase ante la vista de las autoridades y de las normas que no se aplican. Desde hace seis años están en vigencia las leyes que regulan el comportamiento de los aficionados en los estadios y, específicamente, el orden de los grupos de apoyo o las barras. Esas normas son la Ley 1270 del 2009, la Ley 1445 del 2011 y el Decreto 1007 del 2012.

El tiempo ha transcurrido y se han dado hechos graves en los estadios y, como lo indicó el informe publicado por LA PATRIA el martes de esta semana , no ha pasado nada. La ley no se aplica o se aplica a medias, porque ni la Dimayor, ni la Federación Colombiana de Fútbol y tampoco el Estado concretaron lo que se necesita para aplicarla: uso de tecnología para identificar a los violentos y castigarlos. Eso facilita que aficionados sancionados sigan yendo a los estadios sin ninguna restricción, porque no hay quién los controle, y lo peor es que las autoridades han tenido que salir a reconocerlo.

También el martes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, después de reunirse con alcaldes de cinco ciudades futboleras, entre ellas Manizales, anunció nuevas medidas para superar las falencias anotadas. Se implementarán cámaras de reconocimiento facial, biometría para identificar a quienes ingresan a los estadios y se publicarán “listas negras” de hinchas con comportamientos delictivos. Si bien es cierto que parece más de lo mismo, esta vez se habla de inversiones concretas en tecnología para los escenarios, de tal manera que los miembros de las barras se sientan disuadidos a comportarse con altura.

Los dirigentes del fútbol en Colombia y el propio Estado están en mora de aplicar lo que ya está autorizado desde hace mucho tiempo y con lo cual se podrían haber evitado muchos incidentes vergonzosos. Incluso, hay tintes de omisión de las autoridades competentes para aplicar las normas, algo que es absolutamente injustificable. No puede haber más dilaciones para poner en cintura a los violentos del fútbol, a esos vándalos que se apoderaron de los estadios y evitan que las familias puedan ir a gozar de una sana diversión. El fútbol debe ser una fiesta y no una batalla como lo plantean hoy algunos.