Aunque hay casi una certeza de que los que han llevado sus dineros a Panamá con el objetivo de evadir impuestos en Colombia se desplazarán a otros paraísos, para seguir disfrutando de tales beneficios, era necesario que nuestro país pusiera las cosas en blanco y negro en esta materia. Incluso ahora tiene que avanzar y declarar también como paraísos fiscales a otros lugares como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Andorra y Liechtenstein, entre otros, que dan gabelas especiales a los inversionistas.
Desde hace tiempos está identificado el mecanismo usado por muchos colombianos, quienes llevan su plata a Panamá y luego la ingresan como inversión nueva en el país, con el objetivo de obtener beneficios adicionales por tratarse de supuesta inversión extranjera. De hecho, durante el primer semestre del año llegaron desde Panamá por esa vía cerca de $1.300 millones de dólares, cifra que ha venido creciendo progresivamente en los años recientes. Si bien, no puede decirse que toda esa cantidad corresponda a este tipo de maniobras, sí resulta llamativo ese incremento.
Es importante que Panamá considere que, de la misma manera que ha logrado acuerdos de información con otros países, para darle transparencia a los procesos financieros y asegurar que tales capitales puedan ser gravados en el origen, Colombia pueda hacer algo similar, pues allí hay varios billones de pesos que podrían ingresar a las arcas del Estado para financiar el desarrollo del país. Hay que cerrarle la llave a este mecanismo de evasión y contar con la colaboración de las autoridades panameñas.
Debe incluso avanzarse hacia acuerdos internacionales en los que se busque una mayor transparencia del sistema financiero, y evitar que lugares como Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Anguila, Jersey, Chipre, Bermudas y Guernesey, además de los anteriormente mencionados, sigan siendo escalas para capitales que no tributan a los países de origen, y en muchos casos inclusive facilitadores para el lavado de dinero. Hay que ponerles fin a los paraísos fiscales, donde muchos esconden la plata por diversos motivos, la mayoría de las veces poco sanos.
Es cierto que en Panamá hay muchos inversionistas colombianos que actúan con total legalidad y transparencia. A ellos estas medidas no deben afectarlos, sino por el contrario confirmar sus condiciones de honradez y compromiso con el país. Tampoco sería prudente que el gobierno panameño tome represalias contra ellos, cuando lo que a todos debe interesar es que la inversión acá o allá y el intercambio de dineros o de mercancías, se hagan usando los marcos legales a los que obliga la ética de los negocios.
Lo que debe pasar ahora es que Panamá acceda a firmar los acuerdos de intercambio de información, lo que les servirá a ambos países, y que incluso podrá allanar el camino para el ingreso a la Alianza del Pacífico (AP), que hoy conforman Chile, Perú, México y Colombia, y a la que muy probablemente entre Costa Rica en próximos meses. Panamá tiene que entender que no puede seguir siendo el escondrijo preferido de capitales que tendrían que estar tributando en nuestro país.
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