Guerra a la corrupción en los cuarteles

l Ejército de Colombia ha sido noticia en las últimas semanas. Primero, por el apoyo de buena parte de los colombianos a su papel en defensa de la soberanía nacional contra las Farc y de ahí el rechazo unánime a la acción de las Farc que masacró a 11 de sus integrantes en límites entre Cauca y Valle hace dos semanas, pero esa imagen de "héroes de la Patria" queda hecha añicos cuando se conocen casos como el de la red que traficaba pensiones en la institución y que obligó a que se hicieran unas 35 capturas y a que se calcule que la defraudación al Estado es de por lo menos 25 mil millones de pesos.

Lo que se hacía con el sistema de salud y de pensiones era montado como un andamiaje delincuencial, en el que era necesario engranar a muchos miembros de la institución, razón por la cual hay oficiales y suboficiales activos, retirados y médicos, así como personal administrativo entre los detenidos. Se trata de una operación criminal fríamente organizada y estudiada con el único fin de delinquir y defraudar al Estado, como parece probarlo la investigación hecha por la Dijín y que dejó en evidencia el penoso asunto.

Anunció el comandante del Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla, que la institución no tolerará actos de corrupción en sus filas y que se tomarán nuevas medidas para impedir que esto ocurra. Lo que hay que advertir es que no es la primera vez que se presentan casos de corrupción que involucran a oficiales activos y que antes se han anunciado medidas para evitar que vuelvan a suceder. Además, se debería revisar muy bien cómo se está haciendo la selección de personal, cuáles son los protocolos para garantizar que estas cosas no se repitan. Hace falta mucha transparencia en los procesos administrativos de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Contrataciones como las de la salud, las de servicios generales y la gran mayoría de las que hace la Fuerza Pública en general y el Ministerio de Defensa no tienen por qué tener reserva. Resulta inapropiada la interpretación que hizo el juez ante el que se buscaba legalizar la captura de los detenidos de que la prensa no podía entrar porque se trataba de un caso de seguridad nacional. Faltaría más. Es un caso de corrupción del que el país necesita informarse de la mejor manera. Aquí no se habla de contratación de armamento para la defensa del Estado o de tácticas de guerra, de planes o contratos para la acción militar. No señor, es un caso típico de corrupción administrativa, en asuntos de salud y prestaciones sociales, del que deben conocerse hasta los últimos detalles para poder también entender las consecuencias.

Ojalá algún día estas instituciones valoren el bien que les haría tener reglas más claras y abiertas en sus procesos de contratación y de selección de personal, y control sobre el personal antiguo. Esto ayudaría a estar vigilados por veedurías, por la prensa y redundaría en evitar muchos casos de corrupción, con lo cual mantendrían en alto la estima que les profesa buena parte de la sociedad colombiana y no que echen por tierra ese logro, por tantas manzanas podridas que aparecen muy seguido para hacer quedar muy mal a toda la organización.