Falta compromiso con San Andrés

Se cumplieron dos años del controvertido fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con el que ese organismo le quitó a Colombia cerca de 70 mil kilómetros cuadrados de aguas en el mar Caribe y se los entregó a Nicaragua. Después de ese hecho, el Gobierno Nacional se comprometió con programas especiales para atender a los habitantes de San Andrés, y ayudarles a superar los efectos de dicho pronunciamiento, en lo cual no es mucho lo que se ha avanzado.
 

Para tratar de resarcir un poco la negligencia que desde Bogotá se ha tenido con el archipiélago, el Gobierno Nacional impulsó en el Congreso de la República una iniciativa para que San Andrés pase de dos a tener cuatro curules en el Legislativo, como ya quedó aprobado en el tercer debate en la Cámara del proyecto de reforma del Estado y equilibrio de poderes. Así, los movimientos raizales sanandresanos podrán tener, por lo menos, una curul en el Capitolio.
 

Debemos recordar que, ante el fallo de la CIJ, el Gobierno Nacional expresó hace cerca de un año que se trata de una decisión inaplicable para Colombia, debido a que la Constitución Nacional ordena que cualquier cambio en los límites tiene que ser resuelto a través de tratados binacionales. Fue una manera elegante y prudente de no decir que el fallo se desacata, sino que hay normativas internas que impiden atenderlo. No haberlo hecho así habría ido en contra de la tradición colombiana de respetar las normas internacionales.
 

Esto implica que si los límites van a cambiar de alguna manera o se van a mantener como los establecía el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, solo se pueden hacer variaciones a través de una negociación directa con Nicaragua. Aunque, desde luego, esa es la salida que aparentemente más le conviene a nuestro país en las actuales circunstancias, tendremos que aceptar que en una eventual negociación el país centroamericano no solo buscará obtener para sí lo correspondiente al fallo de hace dos años, sino lo que se identifica con sus nuevas pretensiones, las cuales ya presentó a la misma CIJ hace unos meses.
 

Como sea, la realidad es que a las autoridades colombianas les ha faltado consistencia a la hora de ejercer soberanía en esa zona del Atlántico, los pobladores del archipiélago siente con razón que están abandonados a su suerte, sin que desde la capital colombiana se tomen medidas que realmente los beneficie, y que ataque los graves problemas de inseguridad y otros de tipo social que se han apoderado de San Andrés. Además, se requiere reacción frente a las situaciones de sobrepoblación y la llegada de personas distintas de las raizales. Colombia tiene que seguir haciendo presencia con su Armada Nacional y con todas las herramientas necesarias para ejercer soberanía y garantizarles a nuestros nacionales que sigan realizando de manera adecuada sus labores de pesca.

Adicionalmente, se debe velar por una mayor protección de la Reserva Seaflower, declarada como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Ese reconocimiento internacional tiene que servir para que se eviten allí las exploraciones petroleras que pretende Nicaragua en alianza con otros países, lo que atentaría gravemente contra una enorme riqueza natural marítima. Este debe ser un lugar en el que la tradicional pesca artesanal les garantice el sustento a los sanandresanos.