esde hace mucho tiempo se viene hablando de los posibles daños que causa el glifosato a la salud humana, sin embargo, no existen estudios contundentes que avalen íntegramente tales riesgos. Se trata más de una sospecha sobre la cual hay algunas evidencias científicas, las cuales no obstante no son concluyentes. En este sentido, se presenta un gran dilema en Colombia, sobre el cual, al parecer, habrá que tomar el camino de decidirse por el mal menor, porque también es claro que el uso de esta sustancia ha sido efectivo para la erradicación de los cultivos ilícitos.
Todo indica que, pese a la oposición de amplios sectores, el presidente Juan Manuel Santos tomará la decisión de suspender el uso del glifosato para las aspersiones áreas de cultivos ilícitos. Así lo advirtió el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la semana pasada, basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS) y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), en el sentido de que ese herbicida ofrecía riesgos cancerígenos a las personas que tenían contacto directo con él. Hay que recordar que desde finales del siglo pasado, en otros países latinoamericanos se dieron movilizaciones campesinas y ambientalistas en contra de ese químico, lo que llevó a la suspensión de su uso.
No obstante, en los Estados Unidos y en Europa se utiliza como un herbicida efectivo para controlar las malezas. Ocurre igual con su empleo en cultivos de café, algodón, maíz y arroz, por ejemplo, en Colombia, donde no se hacen aspersiones aéreas, sino que se usa de manera puntual y controlada, de manera exitosa. Muy seguramente, si su aplicación se hace utilizando las protecciones del caso y dirigida directamente a las yerbas que se quieren erradicar en medio de los cultivos, tales consecuencias negativas para la salud no se darán. Por eso, consideramos que el uso comercial del glifosato, para cultivos como los mencionados en nuestro país debe continuar, ya que de lo contrario será menos competitivo nuestro sector agrícola.
La posibilidad de limitar su uso no es, desde luego, una buena noticia para la efectividad en la erradicación de cultivos ilícitos, puesto que hacer esa operación de manera manual requiere más hombres y siempre está el riesgo de las minas antipersonal, entre otros. Es razonable, por eso, que la posibilidad de suspender las aspersiones del compuesto se vea desde el Ministerio de Defensa como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno tendrá que analizar muy bien las consecuencias de su decisión, que en cualquiera de los casos despertará enormes polémicas.
Ahora bien, ante los resultados de estudios parciales que muestran un posible riesgo para la salud de las personas, es fundamental poner en primer plano ese derecho fundamental. No es sensato que el propio Estado sea el que vaya en contra de ello, cuando debe ser su principal protector. El desafío es que dejar de usar glifosato no implique que los cultivos ilícitos crezcan sin control y que se pierdan más batallas en contra de las organizaciones delincuenciales que se lucran de ese sucio negocio. Hay que ser creativos en el trazado de estrategias que logren mantener esa lucha, sin permitir que las personas se pongan en riesgo o que se produzcan daños ambientales.
Lo cierto del caso es que el próximo 15 de mayo, cuando se reúna el Consejo Nacional de Estupefacientes, se tomará la decisión final de mantener o no el uso del glifosato en el control de los cultivos ilícitos. Allí, los ministerios de Justicia y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y representantes de las Fuerzas Militares lo decidirán. Hay que tener en cuenta que hoy Colombia es el único país que usa este químico mediante la aspersión aérea, con gran efectividad en la tarea de eliminar cultivos ilícitos, pero con posibles riesgos ambientales y para la salud de las personas, y es eso lo que genera más dificultades para tomar una decisión de fondo.
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