Es indudable que el país necesita modernizar su Código de Policía. De hecho, cuando Caldas actualizó el Código Departamental y lo transformó en el Reglamento de Convivencia y Seguridad Ciudadana se vio maniatado porque apenas pudo hacer unas transformaciones. Las sanciones no podían prácticamente modificarse porque no podían superar las que imponía el Código Nacional, el cual sigue siendo obsoleto. Así que bienvenido el cambio, pero debe tenerse en cuenta que ojalá se dé una discusión abierta que permita incentivar las relaciones entre los ciudadanos y que no se quede en lo meramente sancionatorio o policivo, como lo hace ver el hecho de que lo presentaron el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional y no el Ministerio del Interior que tiene todo que ver con estos asuntos.
Un informe publicado por LA PATRIA el pasado domingo, titulado "Resuelvan el lío sin pelear", demuestra que la mala convivencia entre vecinos sigue generando la mayoría de conflictos que llegan a las inspecciones en busca de solución. La buena noticia es que el 90 por ciento de estas situaciones termina en un acuerdo entre las partes. No obstante, se quejan estas autoridades de estar maniatadas para proceder con medidas más severas, pues aún existen multas de menos de 100 pesos, por ejemplo, para personas ruidosas. Así que se ofrece el nuevo Código de Policía como una oportunidad para superar esta situación y de esa manera las sanciones cumplan con su misión persuasiva para otros.
Entre las actualizaciones que trae el proyecto de Código Nacional de Policía se encuentran también nuevos tipos de conflictos que hasta ahora empiezan a aparecer como el cibermatoneo, colarse en los sistemas de transporte, agredir a miembros de la comunidad LGBTI, entre otros. Además, endurece las sanciones en montos de salarios mínimos legales para conductas cotidianas que ameritan su imposición. En definitiva se trata de la posibilidad de que el ciudadano de a pie sienta que tiene en dónde solucionar sus problemas de manera sencilla, con un intermediario, pero sin tener que acudir a la justicia ordinaria. El otro acierto es reducir los tiempos para resolver los asuntos que se ventilen por esta vía, pues mientras el sistema judicial camina hacia la oralidad, el de Policía sigue con los atavismos del pasado y eterniza los casos en los despachos con las consecuentes dificultades y falta de soluciones para los problemas del día a día de las comunidades.
Lo que pretende el derecho de Policía es sustentar la convivencia ciudadana, evitar que los procesos escalen hasta llegar al sistema penal y mejor que se resuelvan con autoridades administrativas y con la buena voluntad de las partes. De ahí la importancia de que se le preste atención a este asunto en momentos en que se debate un proceso de paz en La Habana que sabemos no es el principal generador de violencia en el país, sino que lo son la intolerancia y falta de respeto por los demás.
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