¿Ejemplar o con tufillo político?

asaron nueve años desde que se concretó la aprobación de la reelección presidencial y casi seis desde que se condenó a la excongresista Yidis Medina para que la Corte Suprema de Justicia pusiera punto final al proceso que siguió en contra de tres funcionarios del alto gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez: Diego Palacio, exministro de Protección Social; Sabas Pretelt, exministro del Interior; y el caldense Alberto Velásquez, exsecretario General de la Presidencia. Se les acusó de ofrecer prebendas a congresistas a cambio de su voto para obtener las mayorías en favor de cambiar la Constitución para permitir la reelección presidencial.

Advierte en el fallo la Corte que los exfuncionarios con sus actos propiciaron la corrupción dentro del Estado "al ponerle precio a la función pública y permitir que puestos y notarías se convirtieran en un botín". Resultan verdaderamente llamativas expresiones como esta, pues bien es sabido que si por algo se ha desprestigiado en los últimos tiempos la Rama Judicial es precisamente por incurrir en esto mismo, ponerle precio a la función pública. Entonces viene bien que hagan este recordatorio y que aprovechen para poner en práctica dentro de sus propias organizaciones las salvedades necesarias para que no se sigan feriando puestos dentro del Estado a cambio de apoyos y prebendas.

El tufillo a revancha es algo que realmente molesta en las sentencias. Si bien puede haber méritos para condenar, resulta al menos chocante que solo se mire para un lado del escenario. Si es delito, como debe ser, nombrar parientes o recomendados de los políticos a cambio de favores, habría que iniciar de inmediato investigaciones a este Gobierno, a Procuraduría, a la Fiscalía y a las cortes, en el entendido de que está suficientemente probado, como lo han denunciado medios nacionales y regionales, que esta es práctica común que ningún beneficio le hace a la democracia. Por tanto las ejemplares decisiones deben ser para todos los que acostumbran feriar los cargos del Estado.

Hay que recordar que en este proceso las principales pruebas son las testimoniales y apenas la confirmación de que sí habían sido ocupados los cargos mencionados, como si esto no fuera el trámite, desafortunado, pero común en nuestros gobiernos. Ya se anuncia que se buscará que instancias internacionales se pronuncien sobre este asunto, lo que vendría muy bien para refrendar la decisión de la Corte y quitarle la mácula que hoy pesa sobre este fallo o para corregir si efectivamente hubo abuso.

Cerrar el círculo alrededor de Uribe parece una consigna, y como ha sido difícil llegarle al mandatario, se busca condenar en interpuestas personas. No estamos diciendo aquí que la manera en que se aprobó la reelección haya sido de la más sana y que esté bien repartir cargos a diestra y siniestra, sino que si nos vamos a poner serios en esas repartijas hagámoslo de manera general y equitativa, no entregando condenas y absoluciones de acuerdo con quien está en el estrado. Como si fuera poco, este tema seguirá, pues falta por resolverse la repartición general de notarías, que tiene a varios protagonistas de este departamento.