Contratación con transparencia

Como parte del ejercicio de la Lupa a la contratación que durante este año venimos desarrollando la Corporación Cívica de Caldas (CCC) y LA PATRIA, el pasado domingo se publicó un informe que muestra la manera en que se ha hecho hasta ahora la contratación en la Gobernación de Caldas. Durante el primer semestre, según se observa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), se firmaron 1.372 contratos en la administración departamental, tomando en cuenta también los institutos descentralizados, por un total de $166 mil 918 millones.
En el informe se observan detalles que llaman la atención, como que el monto mayor corresponde a un contrato por $26 mil 270 millones para el servicio de vigilancia y seguridad en establecimientos educativos de Caldas (excepto Manizales), con la Unión Temporal S.A. Caldas-Óscar Santiago Silva Ariza, hasta diciembre del 2019. Para algunos, el plazo del contrato genera dudas, tomando en cuenta que en la actual coyuntura el gobernador Guido Echeverri podría verse fuera del cargo de manera definitiva o temporal por un largo tiempo, dependiendo de lo que demore el pronunciamiento de fondo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, frente a la demanda que pretende anular su elección. 
Al preguntarle ayer sobre este asunto, en LA PATRIA Radio, el mandatario explicó que se quiso hacer una licitación que cubriera los cuatro años de su periodo de mandato, para no tener que estar cada año abriendo nuevos procesos licitatorios, con lo que logra un ahorro en tiempo y dinero, así como la certeza de que en ningún periodo del año los colegios se quedarán sin vigilancia. Un punto que también parece positivo es que, en el contexto del Eje Cafetero, Caldas ha contratado la mayor cantidad de recursos a través de licitaciones, lo que a la luz de la Ley 80 ofrece mayores garantías de transparencia, aunque a decir verdad todavía ese porcentaje no es suficiente.
Hay que anotar que en el caso de la Industria Licorera de Caldas (ILC) el criterio ha sido diferente, y se han preferido los métodos de contratación directa, para un total de $63 mil 482 millones adjudicados, amparados bajo el argumento de que actúa como empresa privada, al ser una empresa con régimen especial. Lo cierto es que para que la ILC pueda recuperar su impulso y transferir recursos significativos a la administración central, es clave que no se deje atrapar por la paquidermia del sector público, pero sin descuidar las garantías de manejo eficiente y transparente de los recursos.
En el informe también se aprecia el panorama de la contratación en la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Inficaldas, Empocaldas, Empresa Departamental de Salud y la Asamblea Departamental. En estos casos las cuantías son muy inferiores a las de la administración central y la ILC, que abarcan cerca del 75% de la contratación total. En todos los casos es fundamental que el gobierno departamental se preocupe por dar cumplimiento a los parámetros deseables de una buena contratación, ojalá de la manera más abierta posible, para que no haya lugar a interpretaciones erróneas.

Los ciudadanos deben tener acceso irrestricto a esta información de las contrataciones, por lo que es positivo que Empocaldas, luego de que se denunció que no estaba subiendo la información al Secop ahora lo esté haciendo. Como lo hemos manifestado de manera reiterada, lo malo no es contratar, pues no hay otra forma de hacer obras; lo malo es contratar sin seguir las normas y sin esforzarse en lograr la mayor transparencia posible. Todos debemos empeñarnos en que las cuentas sean cada vez más claras, pues esa es la mejor manera de recuperar la confianza en lo público y evidenciar avances en la lucha contra la corrupción.