Alternativas para los mineros

Los graves problemas por los que pasa la minería hoy en Colombia, y a los que Caldas no es ajeno, pueden verse retratados en la realidad de las familias que resultaron damnificadas el 13 de mayo del año pasado, con el accidente de la mina El Playón (en Riosucio), en el que murieron 15 personas. En el momento de los hechos hubo un gran interés del Gobierno Nacional por aportar soluciones puntuales y alternativas para que estos grupos humanos no tuvieran que seguirse exponiendo a los peligros. Hoy son muy pocos los avances, pero siguen vivas las esperanzas de encontrar otras opciones para asegurar el sustento diario.
Preocupa mucho que, ante la inexistencia de nuevas opciones laborales, las personas de esta zona de Caldas vuelvan al lugar de la tragedia a buscar ingresos económicos, exponiéndose a que ocurra otra emergencia como la del año pasado. Estamos ante un problema mayúsculo, si observamos las cifras de la Agencia Nacional Minera, que hablan de unos 4 mil mineros ilegales en la ribera del río Cauca, donde un 40% son de Quinchía (Risaralda), pero que tienen incidencia directa en Caldas por ubicarse en zonas cercanas a Irra (corregimiento de ese mismo municipio).
Son muchos los mineros tradicionales que exponen sus vidas detrás de una chispa de oro, y que incluso se ponen al servicio de supuestos empresarios que se aprovechan de sus conocimientos y experiencia no solo para explotarlos, sino para llevarlos a trabajar en la ilegalidad. Frente a esta difícil realidad, en la que no solo están en peligro los ingresos familiares sino la existencia misma de centenares de mineros en la región, por no contar con las condiciones mínimas de seguridad industrial, las decisiones del Estado resultan demasiado tímidas e insuficientes.
También se requiere que desde la Gobernación se haga más que solo quejarse por los incumplimientos del Gobierno Nacional. No solo es necesario que lidere programas que favorezcan a los mineros y abra otras posibilidades, sino que debe recordarles a los funcionarios nacionales las promesas que se emitieron hace un año. También hacer seguimiento a los distintos programas, para que finalmente se encuentren nuevos caminos laborales para estas personas, sin que se tengan que seguir exponiendo al peligro a orillas del río. No sea que tengan que volver a despertar porque una nueva tragedia los obliga. La Alcaldía de Riosucio, así mismo, debe hacer lo propio.
Si bien hay un hecho concreto representado en la muerte de 15 mineros en El Playón el año pasado, lo cierto es que se requieren programas generales que apunten a la formalización de la minería en la región, y en eso no solo se necesita la voluntad y el acompañamiento del Gobierno Nacional, sino el esfuerzo de las autoridades regionales y locales, así como la voluntad de los mineros para que sus condiciones laborales sean dignas, y evitando colaborar con mafias que buscan ilegalmente no solo apropiarse de las riquezas del subsuelo, sino que cometen crímenes ambientales. Los pueblos indígenas de la zona también deben ayudar para que se hagan los censos que permitan diagnosticar mejor las necesidades de la región.

De todos modos, es fundamental que se concreten las indemnizaciones comprometidas, los planes de vivienda con destino especial para estas familias y los proyectos de emprendimiento que siguen sin despegar. Es importante que se haya construido el Centro de Salvamento Minero en Marmato, y que se esté trabajando por brindar mejores condiciones de seguridad, pero eso es insuficiente, sin duda. Hay que acelerar en el trabajo que lleve a la transformación de la actividad minera en Caldas y Colombia en un sector que signifique desarrollo económico y progreso social.