El manejo de los recursos públicos es una responsabilidad central para los alcaldes y gobernadores. No solo se trata de hacer obras públicas o desarrollar programas sociales, o de empeñarse en un buen manejo de los asuntos locales y regionales al lado de los concejos y las asambleas. Un punto fundamental para cualquier gobernante es ejecutar una gestión fiscal impecable en la que los indicadores de eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestión administrativa y fiscal, en general, reflejen que se hizo una administración coherente y honesta.
El Departamento Nacional de Planeación cada año revela un informe en este sentido, con el fin de alentar a los que no tienen buenas cuentas para que las mejoren; se denomina Medición Integral. Ahora que vienen nuevos gobiernos de cuatro años de duración, ojalá que los mandatarios entrantes se fijen bien en los actuales resultados, y que asuman el compromiso de adoptar las medidas que sean necesarias para obtener las mejores calificaciones. Está bien que en el informe del 2014 que acaba de conocerse se hayan evidenciado mejoras en 633 municipios colombianos (el 57% del total) con respecto al 2013, pero esto aún es insuficiente.
En el caso de Caldas es necesario saludar el buen resultado obtenido por Chinchiná, con un 86,8% de cumplimiento en el promedio de las variables medidas, pero al comparar con los municipios del país que hicieron mejor la tarea, como Medellín (93,82%), Itagüí (91,94%), Mosquera (91,4%), Fusagasugá (91,01%) y Funza (90,46%), todavía hay trecho por recorrer. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que los municipios de Caldas no tuvieron notas tan bajas como algunos de otros departamentos que estuvieron en el rango del 11% y el 25%, y que el peor de los nuestros fue Samaná, con un índice del 50,7%.
Desde el punto de vista de los departamentos, las calificaciones obtenidas no fueron muy buenas en general, y como evidencia está que el mejor es Huila con un puntaje del 79,8%. Caldas en este sentido está en el quinto lugar con el 76,1%, pero detrás de los vecinos Risaralda y Quindío que mostraron unos resultados más altos. Ahora bien, al observar estos análisis en una forma global se aprecia en solo la vigencia 2013-2014 los entes territoriales generaron un superávit de $2,1 billones, lo que muestra que se está haciendo cada vez un mejor trabajo en materia fiscal. La distribución más equitativa de las regalías también tuvo incidencia en esto.
Se tienen, entonces, desafíos significativos en ese sentido para los próximos años. No solo se trata de sostener lo de ahora, sino de seguir avanzando, dándole un manejo más racional al erario y buscando que se cumplan todos los protocolos establecidos por Planeación Nacional, en los que se evidencie que se quiere hacer una tarea bien hecha. Cada nuevo mandatario debería hacer un repaso pormenorizado de lo que ha ocurrido en los años recientes con los recursos en sus municipios y departamentos, y trazar así una política encaminada a ser cada día mejores.
En la medida en que se ejecute juiciosamente este trabajo, se comenzarán a ver más las obras y la comunidad empezará a valorar la gestión de un buen gobernante. Esto, combinado con procedimientos que garanticen transparencia y lucha contra la corrupción, nos podrá llevar como país al desarrollo que requerimos y que puede hacer más amable la vida para cada ciudadano. Una buena gestión pública es el mejor aporte para el fortalecimiento de la democracia y para que la paz que venga sea realmente sostenible y duradera. Debemos comprender que los desequilibrios que genera la corrupción son los principales desencadenantes de violencias.
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