Valiente el fallo de la Corte Constitucional en el que el alto tribunal entregó la custodia de dos niños colombianos al periodista homosexual estadounidense Chandler Burr. Y no solo valiente. Acertado.

Gracias a esos dos niños de 13 y nueve años que antes no tenían familia, tienen ahora un papá que los quiere, protege, educa y apoya. ¿Quién no estaría de acuerdo con eso? Increíblemente muchos. Entre ellos un sector importante del conservadurismo, la Iglesia, algunas entidades públicas como el Procurador e, incluso, una parte grande de la sociedad.

Para ellos es preferible que estos dos niños no tengan padre, al igual que otros miles de chicos abandonados tampoco tengan la posibilidad de tener familias, simplemente por las preferencias sexuales de los padres adoptantes. Terrible.

Pero la Corte hizo bien.

Ya que se desprendió de los argumentos moralistas y dio un gran paso para que el Congreso inicie un estudio definitivo de estos temas, que incluya, entre otros, el matrimonio gay y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y en ese debate el país no puede permitir que se mezclen argumentos legales y religiosos.

Es cierto que una parte importante de la sociedad colombiana se declara creyente de la religión Católica y que la Iglesia está en su derecho de expresar su opinión sobre los temas de la sociedad. Cierto. Pero también lo es que la Constitución de 1991 definió a Colombia como un país laico y los representantes y líderes políticos, deben acogerse a eso.

La Iglesia está en su derecho de sancionar internamente a los correligionarios que evadan sus prohibiciones y directrices. Pero solo ellos. Así como está en su deber de aleccionar moralmente a sus fieles, pero solo a ellos.

El resto del país está en la obligación de entender que el Estado es aconfesional, por lo tanto estos temas deben analizarse, únicamente, desde la perspectiva jurídica, y no religiosa.

Desde ese punto, al establecer que Colombia tiene una legislación pluralista, se concluye que no puede haber discriminación, y si se les otorga ciertos derechos a las parejas heterosexuales es discriminatorio jurídicamente no dárselos a las parejas del mismo sexo.

Esto es lo que plantearon los magistrados en el fallo de Burr, y que todos deberían aceptar, a menos que la pluralidad no sea real y sigamos, como lo somos, siendo una sociedad muchas veces discriminatoria.

Lo cierto es que nadie puede ser discriminado por su condición sexual. Eso lo dice la ley. Los que atacan esto para negar la adopción a personas homosexuales establecen que es por proteger a los niños adoptados de la diferencia, lo que es tan absurdo como quitarle la patria potestad de los hijos biológicos a quienes se declaren homosexuales.

La orientación sexual de los padres no tiene ningún efecto, positivo o negativo, sobre la crianza de los hijos, ni va a determinar tampoco, la tendencia o escogencia sexual de los niños. Eso está demostrado.

Decir lo contrario es tan absurdo como asegurar, torpemente, que el objetivo del matrimonio es procrear, por lo cual no puede permitirse el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si eso fuera cierto, habría que prohibir la unión de parejas estériles, o de las heterosexuales que no quieran tener hijos. Así de claro.

El concepto de familia ha cambiado. Se ha ampliado. Se ha vuelto más incluyente y menos rígido. Eso hay que aceptarlo. Y el derecho, pese a que algunos así lo quisieran, únicamente regula el concepto de la familia, no la forma.

Una vez los argumentos religiosos y moralistas se dejan de lado, no hay razones para oponerse a la igualdad en los derechos de los homosexuales. En todos.

Hacerlo es pretender que las sociedades no evolucionan ni cambian y por eso el marco legal tampoco tiene que hacerlo, lo cual es desacertado y retrógrado. Colombia ha cambiado para ser más incluyente y por eso sus leyes también tienen que estar a la altura de esos cambios.