La decisión del Gobierno de Bogotá de no permitir el uso de la Plaza Santamaría para corridas de toros, plantea un escenario en el cual las ciudades denominadas taurinas, como es el caso de Manizales, deben hacer una reflexión sobre el futuro de la fiesta brava.

El pasado domingo en el editorial de este periódico se planteó una posibilidad sobre el rumbo que deben seguir las corridas de toros en Manizales. Quiero presentar aquí otra mirada, la cual considero, puede traer nuevos elementos al debate.

La importancia de abrir una discusión en la ciudad sobre lo que implica la fiesta brava para la Feria de Manizales, no radica solamente en el carácter cultural y tradicional que la enmarca. Desde mi punto de vista, el análisis debe partir de lo que ésta representa para la salud, el comercio y el turismo, pero sobre todo, para muchas familias que cuadran los ingresos del año durante esa semana.

Hoy las corridas de toros se encuentran seriamente amenazadas, no solamente porque no le gustan al doctor Petro. Hay evidencias en el campo político y económico que así lo demuestran.

En materia política, los ciudadanos se hacen cada vez más conscientes de la necesidad de protección del medio ambiente, lo cual implica, un trato digno hacia los animales. Y aunque hoy, todavía para algunos resulte absurdo que los animales puedan ser sujetos de derechos, hace algún tiempo ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, ni los niños, ni las minorías étnicas lo fuimos.

Dotar a un determinado grupo de derechos es una decisión jurídica que se sustenta en una convicción política. Hoy la mayoría de los electores se encuentran más cerca de la protección a los animales que de la conservación de la tradición taurina. Las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales se convierten en aceleradores de estos procesos.

En este contexto, no podemos ser ajenos a que en cualquier momento, el Congreso, un presidente (no nos olvidemos que los alcaldes de Bogotá siempre están en la lista de presidenciables) o una corte, desde capital, haciendo eco de un clamor popular, pueden acabar con las corridas de toros en todo el territorio nacional.

Vale la pena señalar, que hace algunos días, el Consejo de Estado emitió un fallo sobre la muerte de Jesús Antonio Hincapié García, ocurrida en 1999 en la corraleja del matadero de Anserma (Caldas). En la Sentencia se manifiesta que es pertinente dar a los animales el "reconocimiento de que son seres vivos dotados de valor propio y, por lo tanto, titulares de algunos derechos", tales como el de "no ser maltratado (…) y a una muerte digna sin sufrimientos, entre otros".

Por otro lado, también desde la perspectiva económica, la fiesta brava presenta graves obstáculos. La situación anteriormente planteada se ve reflejada en una menor demanda del espectáculo taurino, es decir, que el grupo de personas interesadas en asistir a una corrida de toros es cada vez más reducido.

A esto se le suma el hecho de que hoy existen infinidad de sustitutos en el mercado del entretenimiento. Con solo pasar de canal uno puede ver un espectáculo del Circo del Sol, un partido del Barcelona-Manchester City o un concierto de Madona. Para qué ahondar en la industria del cine y las posibilidades que hoy brinda Internet y el sector turístico.

En esas condiciones, mantener un espectáculo que requiere de una inversión alta es poco viable desde la perspectiva del negocio. Adicionalmente, si en el país se van cerrando plazas, aumentan los costos de producción de nuestra temporada taurina.

Así las cosas, creo que se hace necesario para la ciudad y para el departamento, que se haga un ejercicio de repensar en la Feria: una conclusión puede ser enfilar todas nuestras energías para volvernos la capital nacional de la fiesta brava, otra, que hoy pongo sobre la mesa, tener un plan B que nos permita, cuando las circunstancias así lo ameriten, replantear la actividad central de nuestras ferias de enero.