Parece como si se estuviera acabando la Corporación Cívica de Caldas (CCC). Poco más de 30 años de trabajo por la búsqueda de la transparencia en lo público y lo privado; de promover y respaldar campañas contra la corrupción en el departamento; de seguir y acompañar el rumbo de muchos procesos y proyectos de desarrollo para Manizales y el departamento, y de sentar posiciones frente a asuntos que ayudan o lesionan intereses comunes o particulares de la ciudad, entre muchas otras campañas y realizaciones cívicas y solidarias, están a punto de convertirse en simple referencia histórica pues el organismo que ha trabajado en eso y por eso se anquilosó.

La crisis, como se puede definir lo que le sucede a la CCC, es clara y evidente y viene de tiempo atrás, sólo que ahora se agrava por la situación de diferencias internas que explotaron hace cinco meses cuando su gerente Luis Fernando Mejía Franco renunció argumentando acoso laboral, hecho que desmintieron las máximas directivas de la junta del organismo al señalar que este había sido removido de su cargo. Casi paralelo a ese caso, se dio la dimisión del miembro de la junta, Germán Maldonado quien en declaraciones públicas a este Diario dijo: "Siento que la Corporación Cívica de Caldas está enfrascada, que le falta norte, gerencia y obviamente gestión" (LA PATRIA, jueves 16 de octubre de 2014).

Lo anteriormente expuesto ante el claro deterioro que viene enfrentando la CCC no es ningún descubrimiento personal. Las cosas están ahí y son el reflejo de un cúmulo de desaciertos que no han tenido corrección en el tiempo, lo que se corrobora con que casi medio año después no se ha sorteado aún ese problema y la gerencia sigue en el limbo.

¿Pero qué ha llevado hasta el límite esta situación de enredo y de pasividad en la Corporación? Sin duda que se volvió un escenario de poder cerrado que poco o nada permite el replanteamiento de su labor misional, como tampoco la renovación directiva, haciéndose ver como un órgano intrascendente y falto de credibilidad y de peso, que sí tuvo en el pasado. Ahí falta una decisión contundente que represente algo así como borrón y cuenta nueva, con actores diferentes y la firme decisión de hacer valer sus principios.

Claro está que en Colombia, pero muy especialmente en nuestro departamento, hacer denuncias públicas de corrupción o respaldar las que documentan otros, es volverse blanco de críticas, y eso también golpeó a la Corporación Cívica. Lo que pasa es que si se predica, pero no se aplica, se pierde el esfuerzo, y en ese sentido varias personas que pasaron por este órgano privado terminaron después haciendo política o en cargos públicos, y la amistad primó por encima de la responsabilidad.

Así entonces lo que en su momento se le criticó a la coalición A, lo hicieron integrantes de la coalición B que tenían una buena relación de amistad con dirigentes de la Corporación Cívica, y como esta no los denunció comenzaron a señalarla de favorecimiento, falta de equilibrio y de tener afinidad política. Además el columnista Jorge Enrique Pava hizo públicas denuncias, con documentos, de supuestas irregularidades cometidas a su favor por directivos de la CCC, frente a lo cual no se tomaron acciones ni se respondió públicamente.

Lo más grave que hay ahora es la disputa personal que tienen cazada la presidenta de la Junta Directiva de la Corporación Cívica, Cristina López de Saffón, y el Representante a la Cámara por Caldas del partido liberal, Mario Castaño, y la que sostienen, ahora en los estrados judiciales, Gilberto Saffón, esposo de la anteriormente nombrada y Presidente del Comité Intergremial de Caldas, y Jorge Enrique Pava, de evidente cercanía política con Castaño.

Este conflicto, además de político, ya trasciende los intereses económicos y de desarrollo regional pues Aerocafé, que es un anhelo y una necesidad para Manizales y Caldas, y que es apoyado por el Comité Integremial y por la CCC, entre otros distintos sectores, se convirtió en el centro de la campaña de desprestigio de ese sector liberal pues lo asocia a los errores técnicos y políticos que se cometieron con dicho macroproyecto hoy paralizado por ello y por falta de recursos.

Frente a ese panorama la Corporación Cívica necesita un vuelco total. No puede seguir siendo esta un simple órgano decorativo con unos fines misionales establecidos, pero que no cumple su papel de vigilancia ni de promoción de valores, ni menos el de la defensa de los intereses de lo público. Sus acciones de veeduría general se deben reactivar, y si para ello hay que hacer cambios pues que se hagan, de lo contrario no vale la pena mantener abierta una sede con secretaria, pero sin quien la dirija acertadamente.