En este país donde se parió el collar bomba, donde el Ejército mataba gente inocente y la hacía pasar por criminales para cobrar recompensas y días de descanso (los llamados "falsos positivos"), donde los paramilitares llevaron el infierno a pueblos como El Salado, donde la corrupción se reelige en cargos públicos, y donde un gobierno que dice ser el mejor de todos tiene a muchos de sus ministros condenados por delitos que van desde el cohecho hasta el asesinato, siempre se encuentran maneras de caer más bajo. De ser más perverso.
Lo ocurrido en Aguachica (Cesar) es un nuevo punto de bajeza. Ese video donde en la escuela Sagrado Corazón de Jesús los niños hacen fila para posar con un plato y un vaso lleno de alimento ante la cámara de una contratista, para luego quitárselos y darles su miserable ración de comida -un patacón y algo que parece ser un trocito de pollo puestos encima de la mano (sin servilleta al menos)-, es de los más miserable que se pueda ver.
Pero el escándalo quedó ahí. En la ministra de Educación, Gina Parody, vociferando que se investigará. Al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, diciendo que abrirá un proceso en contra de la Alcaldía de Aguachica por el contrato que firmó con Provenir (empresa encargada de los alimentos para los escolares de la región). Hoy la noticia ya no ocupa espacio en los noticieros o los medios nacionales.
El alcalde de ese pueblo costeño, Henry Alí Montes, le bajó la caña al asunto diciendo que fue un error y de manera cínica afirmó que eso que les daban a los niños en la mano "era la ñapa", que ellos ya habían comido. La directora del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Cesar dijo que ofrecerá disculpas públicas. Y el rector del colegio, Juan Ospino, le explicó al diario El Pilón de Valledupar que lo mostrado en el video fue una situación única. Que fue un mal entendido y que eso solo ocurrió una vez. Otra cosa dicen los alumnos y los padres de familia, que mandan al colegio a sus pequeños dizque para que los eduquen.
Todo en esta situación es cruel e indigno. Darle un plato de comida a un niño hambriento, para luego quitárselo. Darles esas moronas, que ni siquiera alcanzan los $1.500 que, como mínimo, exige el Ministerio de Educación debe costar una merienda escolar. Servirles en la mano y en un patio sin comedor ni sillas. Tomarles una foto para engañar al Estado y así cobrar el dinero del contrato que, en el caso de Provenir, es de $500 millones.
Este delito es tan grave como abusar sexualmente de un menor de edad, un acto que hasta los mismos congresistas quisieran castigar con cadena perpetua. Estos contratistas corruptos y degenerados les están violando los derechos fundamentales a esos niños. Les están negando la posibilidad de desarrollarse y crecer adecuadamente, de alimentarse para poder educarse, de no sentir hambre. 
"El hambre es un proceso, una lucha del cuerpo contra el cuerpo (...) Cuando un cuerpo come menos que lo que necesita (unas 2.200 calorías según la Organización Mundial de la Salud) empieza por comerse sus reservas de azúcar; después de grasa. Cada vez se mueve menos: se pone letárgico. Pierde peso y pierde defensas (...) Al final empieza a perder su escasa masa muscular: Ya no puede pararse, y pronto no podrá moverse; duele. Se acurruca, se arruga: la piel se le pliega y se le quiebra; duele. Llora despacio; quieto, espera que se acabe", escribe el periodista Martín Caparrós en su durísimo libro El Hambre. 
Allí explora cómo en este planeta que produce más alimentos que el que se puede consumir, hay hambre. No más esta semana el Departamento Nacional de Planeación presentó un informe en el que asegura que en Colombia se van a la basura 9,76 millones de toneladas de alimentos cada año. Así y todo, ya son 25 los niños muertos de inanición en la Guajira este año y otros tantos más en el resto del país. Pero el texto de Caparrós también señala que la gente no se muere de hambre en el mundo, sino por culpa de políticas y leyes que evitan que los alimentos lleguen a quien los necesita. Porque el hambre es un negocio. 
El presupuesto asignado por el Ministerio de Educación para el PAE en el 2016 es de $678 mil millones, y contratistas como Provenir quieren una parte de ese botín. Casos de corrupción que se han denunciado hasta la saciedad (por ejemplo, el triste texto del periodista Juan Gossaín publicado en El Tiempo el pasado 24 de febrero y llamado Se están robando la comida de los estudiantes pobres), pero que siguen impunes porque ahí hay politiquería metida. 
Aquí en Caldas se han denunciado casos en Salamina y La Dorada donde los alimentos llegan en mal estado a los comedores escolares. O que tienen los comedores escolares cerrados por leguleyadas, mientras los niños aguantan hambre. Y en Manizales, desde que el alcalde José Octavio Cardona León asumió el cargo, se afectó la Jornada Única que hasta el año pasado les garantizó la merienda a cerca de 16 mil niños. Ahora, refugiándose en que no hay plata (a pesar de los apoyos y opciones que la ministra Parody ha dicho tener) hay unos 7 mil estudiantes que no reciben este alimento.
"Quien le roba la comida a un niño pobre no tiene perdón de Dios", dice Gossaín (bit.ly/20VeNbL). Pero en Colombia, ante esta situación, ya no nos paramos, nos acurrucamos, nos arrugamos. Lloramos despacio; quietos, esperando a que esto se acabe. Duele.