Los pillos deben estar frotándose las manos. Los ciudadanos de buena fe están haciendo la labor que a ellos les correspondía. La Guajira está sedienta y cientos de personas en diferentes partes del país están recolectando agua potable para mandar a esas rancherías secas. Miles de litros, que refrescarán por un par de días, tal vez tres, pero que no solucionan el verdadero problema, que no es el Fenómeno del Niño. Es la corrupción.
La Guajira históricamente ha sido una zona árida, pero si en estos momentos no tienen agua no es precisamente por el cambio climático. Allá no tienen acueducto porque los políticos regionales se han robado la plata para esta infraestructura. Un reciente informe de la revista Semana, titulado ¿Quién se robó el agua de La Guajira?, señala que en los últimos 20 años a ese departamento le han girado 5 billones de pesos en regalías, destinados para educación, salud y, por su puesto, infraestructura, o sea la construcción de acueductos.
¿A dónde fueron a parar estos recursos? Pues al bolsillo de los políticos regionales, que son los encargados de realizar estas obras. Y no es que haya que hacer un acueducto que baje agua fresca desde la Sierra Nevada hasta Riohacha o Punta Gallinas, lo que podría costar miles de millones de pesos. Esta semana vimos en las noticias cómo tras perforar la tierra en el municipio de Uribia (el más golpeado por la sequía) empezó a brotar agua potable de un pozo a unos 160 metros de profundidad. La inversión, según contó el exministro del Interior Aurelio Iragorri, no sobrepasó los $160 millones y benefició al menos 50 familias.
La solución fue rápida y práctica porque los estudios ya estaban hechos. El Instituto Agustín Codazzi, dice el informe de Semana, ya les había informado dónde perforar para surtirse de uno de los varios ríos subterráneos que recorren a la Guajira.
Mientras tanto, en ciudades como Medellín los ciudadanos recogieron 5 toneladas de agua embotellada y en bolsa pensando en los pobres guajiros. Si hacemos un cálculo rápido y que el litro de agua, digamos, cuesta mil pesos, les despacharon el equivalente a unos 5 mil millones de pesos. Esos son unos 31 pozos. Son mil 550 familias beneficiadas. En Manizales también hubo colectas de agua. Y en Bogotá y en Cali... vayan sumando.
No basta con que paguemos impuestos para que esos recursos se destinen bien, como para que ahora -por culpa de unos corruptos- tengamos que comprar agua para mandarla donde la hay. O para apoyar campañas del mismo Gobierno, lideradas por la Primera Dama, en la que a través de mensajes de texto podemos hacer donaciones para ayudar a los niños sedientos de la Guajira. Con esto solo se benefician las empresas que envasan agua.
Con todo lo triste y dramática que es esa situación, no deberíamos alcahuetear a esos pillos que secaron a ese departamento. Ya este año fueron castigados en las urnas y La Guajira no sacó ningún representante al Senado (más por rencillas entre gamonales locales que por protesta de los electores), pero ahí siguen los clanes políticos rifándose los contratos para "el desarrollo" de esta región.
El ministro de Minas y Energía, el guajiro Amilkar Acosta, anunció este año una reforma a la entrega de regalías. A aquellos departamentos que tienen recursos no renovables como petroleo, gas o carbón, recibirán más dinero por regalías, y no como se había venido haciendo desde la anterior reforma, que se adjudicaban por proyectos presentados por las regiones.
Según eso, a La Guajira le tocará una buena tajada por el carbón extraído del Cerrejón. Más plata para repartir en esa región descuidada por sus líderes. Los pillos deben estar frotándose las manos y los colombianos de buen corazón creyendo que están haciendo una buena acción. Con la bobada no se gana el cielo.
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Más alcahuetería
Cuándo será que la secretaría de Gobierno de Manizales tomará cartas en el asunto con la barra Holocausto Norte. Ya basta de ese cuento de que ese grupo se autorregula y que tienen convenios con la Policía para "entregar" a los malandros que se les cuelan.
Escenas como las del domingo pasado de unos jóvenes agrediéndose en la tribuna y luego en la calle (según el comunicado de la Holocausto porque estaban robando a otros barristas, pero según la Policía fue por un malentendido. Es que ni en eso se ponen de acuerdo) son una vergüenza y aburren a los que vamos al estadio.
A los involucrados los sancionaron con no poder volver al estadio y presentarse en un CAI los días que haya partido, como hicieron con los hooligans ingleses. Un buen comienzo. Pero la sanción para Holocausto y sus capos debería ser más drástica. No solo evidencian que sus programas para evitar la violencia son un pajazo mental, sino que hay una alcahuetería por parte de la Alcaldía para que hagan y deshagan a su antojo. Ya en marzo un integrante de esta barra apuñaló a un poeta mexicano por robarlo, ¿necesitamos que haya un muerto? ¿Hasta cuándo esa "tolerancia"?
Y quienes creen que solo se puede disfrutar del fútbol perteneciendo a una barra o porque hay una tribuna que canta y salta todo el tiempo, es porque no han ido a fútbol en otros lugares.
A propósito, señores de la Fiscalía ¿en qué va el caso de Voces de Aliento, denunciada por falsedad en documentos con el fin de desviar unos dineros?
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