Hay personas que no pueden sustraerse a la arrogancia ofensiva y provocadora. Asumen ese comportamiento como mecanismo de defensa cuando han incurrido en actos que afectan a terceros o que constituyen faltas por las cuales deben responder ante alguna autoridad competente. 
Como se creen intocables ponen su ego de escudo y buscan el reconocimiento de privilegios sin importarles disposiciones de ley y el derecho de los otros.  Utilizan el matoneo para intimidar e impedir sanciones. De allí nació la expresión pedante de “Usted no sabe quién soy yo”, que es una forma de buscar amparo en la impunidad. Lo cual hace parte también de esa recurrente inclinación de abuso del poder.
En el entramado tramposo de la función pública los privilegios son parte fundamental. Adquieren la validez de una patente de corso para el usufructo de cuanto es posible apropiarse mediante la arbitrariedad que incluye violencia.
Los privilegios nacen casi siempre de la ilegalidad. Son la imposición del más fuerte sobre el débil. Es el tiburón tragándose la sardina. Allí no hay defensa posible. No hay como ampararse ante la voracidad incontenible de un acosador que obra a sus anchas sin interferencia alguna.
El privilegio como reconocimiento de méritos casi que no cuenta.  Lo que se volvió corriente es el aprovechamiento de lo público en beneficio de intereses particulares, con la complicidad de quienes tienen el manejo del poder. Y en Colombia esto se volvió habitual por la misma laxitud de los órganos de control. El reconocimiento de altas pensiones a servidores del Estado en forma tramposa, la legalización de tierras adquiridas mediante despojo a sangre y fuego y las millonarias contrataciones fraudulentas como fue en el Distrito Especial de Bogotá, hacen parte de ese derroche permitido.
Es toda una cadena de privilegios de alto impacto negativo, que equivale a la apropiación de recursos, con cuyo correcto empleo se hubieran podido solucionar apremiantes problemas que generan perturbación en la vida de muchos colombianos.
Los privilegios acuñados por algunos en los negocios de la salud y por otros en la explotación de minería ilegal dejan cuantiosas utilidades. No es cualquier monto. Son fortunas en detrimento del bienestar a que tiene derecho la comunidad nacional, que en su gran mayoría vive  con  una alta acumulación de necesidades insatisfechas.
Ese cúmulo de desigualdades a que llevan los privilegios consentidos en Colombia, genera malestar social por toda la distorsión que implica. Los derechos fundamentales se vuelven ficción y el recalentamiento del orden institucional crisis, con el debilitamiento de los fines del Estado consagrados en la Constitución.
Los privilegios que detentan unos pocos alimentan la corrupción y atentan contra las garantías propias de la democracia.
Puntada
Pasadas las fiestas de final y comienzo de año y curados ya de guayabos, se entra en la actividad laboral normal. Hay que prepararse para que todos los nuevos propósitos y compromisos tengan el debido cumplimiento. No hay tiempo que perder. No hay que darle gabela a la frustración.