En días pasados denuncié en este espacio la "puerta giratoria" instalada en Inficaldas mediante la cual el límpido gerente, Luis Fernando Franco Acevedo, abusando del poder favoreció a su entrañable amigo Alberto Naranjo Arango, quien pertenecía al Consejo Directivo de esa entidad, con un contrato por valor de $117.000.000.

Esta anomalía mereció un pronunciamiento de la Contraloría General de Caldas que, en algunos de sus apartes dice: "De lo anterior se desprende que el actuar de los directivos de la sociedad Miel II (Propiedad de Inficaldas en un 99,93%) y/o del antiguo miembro de la junta directiva de Inficaldas (Alberto Naranjo Arango), pudieron quebrantar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, motivo por el cual se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para que haga las investigaciones del caso…".

(La verdad es que de ese traslado a la Procuraduría no se puede esperar mucho, pues en repetidas ocasiones este ente se ha encargado, más que de investigar y sancionar, de dilatar los procesos en una extraña y aparente connivencia con los administradores que transgreden las normas. Parece ser entonces que la Contraloría inicia sus investigaciones y cuando detecta que sus amigos han cometido errores, delitos o aberraciones, descarga su responsabilidad en la Procuraduría, a sabiendas de que allí dormirá el sueño de los justos. Es un juego irrespetuoso en el cual quedamos desprotegidos los ciudadanos de bien y a merced de funcionarios inescrupulosos que saben que sus actuaciones quedarán finalmente impunes).

En Inficaldas existe una oficina jurídica profesionalmente dotada, que debería encargarse de prevenir los pleitos y riesgos jurídicos en contra de la entidad, además de contestar y hacerle seguimiento a las demandas que se deban afrontar. Pero, adicional a esta oficina, se ha montado una especie de nómina paralela perversa.

Luis Fernando Franco Acevedo, adalid de la moral, la justicia y la honorabilidad firmó un contrato el 2 de enero de 2015 con el abogado Jorge Eduardo Ocampo Suárez, por valor de $22.350.000 para la asesoría a la oficina jurídica y la secretaría general, con duración de cinco meses; el 23 de abril de 2015 firmó otro contrato con el mismo abogado por valor de $35.000.000 para apoyo a la oficina jurídica, con duración hasta junio 1 de 2015; y el 15 de julio de 2015 firmó otro con el mismo abogado con duración hasta el 30 de septiembre, por valor de $9.000.000 para la atención de dos procesos. El 2 de enero de 2015, firmó un contrato con la abogada Natalia Isaza Isaza, con duración de doce meses, por valor de $28.720.000 para la asesoría y apoyo a la secretaría general y el área de proyectos; y el 2 de febrero de 2015 firmó otro contrato con la misma abogada, por valor de $14.421.333, con duración de 206 días, para la asesoría al plan vial. Adicionalmente el 30 de marzo de 2015 contrató los servicios del abogado Fernando Mejía Gómez, por valor de $22.500.000 para el acompañamiento al proyecto de El Edén, por 255 días; y otro el 21 de abril de 2015, por valor de $34.800.000 con duración de 3 meses con el abogado Álvaro Andrés Buitrago Caycedo, para la atención de tres procesos.

¿Tiene sentido la existencia de una oficina jurídica dentro de la entidad, si para cada proceso se debe contratar un abogado externo? ¿Se justifica esta nómina paralela? La verdad es que este personaje resultó más excéntrico que muchos de los que han pasado por esa entidad. Y sus abusos y descaros lo llevaron a implementar un supuesto revolcón institucional a escasos días de iniciar la ley de garantías, beneficiando a algunas de sus "amigas" y llevando a ocupar cargos de relevancia a personajes sin experiencia que seguramente darán paso a otras nóminas paralelas motivadas en su incapacidad. ¡Esta es la transparencia que heredamos de la CCC! ¡Estos son nuestros impolutos dirigentes cívicos quienes se obnubilan y muestran el cobre cuando entran a manejar los recursos públicos! ¿Qué tiene para decir la Corporación Cívica de Caldas? ¿Y la prensa?