Qué vergüenza se siente con esa enorme cantidad de colombianos que saquean las arcas del Estado para satisfacer sus intereses egoístas sin importarles en lo más mínimo la colectividad, misma que con sus impuestos les ha dado la oportunidad de vivir en sociedad, de satisfacerles requerimientos básicos tanto a ellos como a sus familias dentro de las posibilidades que tiene el país; de permitirles tener seguridad y acceder a la educación y a cargos públicos, pero desde sus empleos oficiales amangualarse con otros funcionarios o con personas ajenas a las entidades, para proceder a apropiarse de los sagrados dineros públicos. 
Otra situación que se vive con bastante frecuencia es aquella en que los servidores de Estado, normalmente por dinero u otra canonjía, expiden providencias contrarias al ordenamiento jurídico beneficiando a los oferentes o a quienes se les ha solicitado la prebenda, u omiten controles para permitir la realización de actos igualmente contrarios a la ley. Estas son apenas algunas de las formas penales más comunes de defraudación en los organismos del Estado y en contra de la sociedad, muchísimas de las cuales, quizá la mayoría, se quedan sin condenas.
Existen otras situaciones que, sin constituir propiamente delitos, afectan de manera ostensible el normal desarrollo de un determinado sistema u órgano público, así como la afectación de los derechos de las personas o de la colectividad, lo cual resulta de alguna forma remediado por vía judicial bien con la anulación de decisiones ilegales, de nulidad de elecciones o nombramientos realizados contra legem, ordenando el reconocimiento o liquidación de pensiones, el reintegro de servidores públicos, o imponiéndose condenas a título de indemnización por excesos, omisiones o por el defectuoso funcionamiento de servicios a cargo del mismo Estado; órdenes de protección de derechos colectivos, o la exigencia a una autoridad pública para que cumpla con una disposición legal o administrativa que omite cumplir, etc., etc., etc.
La transparencia y la legalidad son los principios que deben guiar la actividad de los servidores públicos como también la de los particulares, pero son precisamente aquellos los que deben dar el ejemplo por el papel que representan dentro de la colectividad; pero como vemos, no siempre es así.
La transparencia es una cualidad de las personas que es anterior a las normas jurídicas, las que sin embargo se expiden para prevenir o castigar los desvíos que de aquella se hagan. La transparencia se patenta con el principio de la “buena fe” que es la que, se presume, orienta todas sus actuaciones y que postula el propio artículo 83 de la Constitución. Las normas no hacen transparente a los individuos, ni tampoco las hace dignas u honestas, es un asunto de valores que no se normativizan; si así fuera, tales cualidades serían reguladas. 
El Consejo de Estado viene liderando en todo el país un programa de transparencia que ha denominado “Cultura de la Legalidad y seguridad jurídica en las regiones”, con el que busca concientizar a todas las autoridades administrativas de todos los órdenes y niveles, sobre el compromiso que tienen de siempre ajustar sus actuaciones a la Ley y así evitar la multiplicidad de demandas que constantemente se presentan en contra de todas las entidades del Estado, en muchos casos con grandes condenas y consecuente lesión a las finanzas públicas. Es la primera vez en el mundo que un órgano de la justicia se compromete con una tarea como la emprendida por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
El turno le corresponde ahora a Manizales, este viernes 13 de abril a partir de las 8 de la mañana, cuando en el auditorio del Palacio Nacional de Justicia “Fanny González Franco” harán presencia el presidente y vicepresidente del Consejo de Estado, doctores Danilo Rojas Betancourt y Jorge Octavio Ramírez, así como los también magistrados de la misma alta Corporación Ramiro Pazos y William Hernández, quienes disertarán sobre la labores que desarrolla ese cuerpo colegiado en el control del poder de las autoridades, quienes además expondrán alertas para las entidades; así como la jurisdicción Administrativa en Caldas dará a conocer estadísticas concernientes a la descongestión en la escrituralidad, así como lo desarrollado en la oralidad.
De allí que al importante certamen hayan sido invitados los servidores públicos departamentales encabezados por el señor gobernador; los municipales de Manizales liderados por el señor alcalde Dr. José Octavio Cardona León, así como los diputados de la Asamblea de Caldas y presidentes de los concejos; alcaldes, personeros y contralores de Caldas; a los procuradores y directores de entidades descentralizadas y a las universidades con asiento en esta entidad territorial, al igual que a líderes de ONG, pudiendo asistir también cualquier persona que tenga interés en la importante temática que es de capital interés para todos.