Se ha venido promoviendo la idea de recuperar, que mejor restablecer en nuestro país el principio 'Montesquiano' (de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Barón de la Brède y de Montesquieu, quien sistematizó el poder público en tres poderes iguales) del equilibrio entre las distintas ramas de ese Poder Público, desequilibrio que, de una u otra manera siempre se ha dado, pero que ahora ha sido reconocido por el propio gobernante, lo que de por sí significa que la situación es grave, o se tornó muy grave; y aunque es de resaltar el reconocimiento de ese resquebrajamiento o alteración, paradójicamente, a su vez, parece que va implementarse esa disfunción en el seno de la propia Rama judicial con la llamada Supercorte, tribunal que, se proyecta, juzgaría cuando menos las conductas disciplinables de los magistrados de las altas Cortes.

Se cuestiona la politización de la justicia por cuenta de la facultad de postulación de candidatos y elección de ciertos servidores públicos que le otorgó el constituyente de 1991.

Y cómo controlar a la Supercorte del influjo que probablemente tendría de su elector, máxime si se busca que sea efectiva; pero como la efectivización se mide en Colombia por las sanciones o condenas que se imponen y no por las declaratorias de inocencia, el futuro pareciera nada halagüeño si no se establecen rigurosos mecanismos jurídicos que eviten algún tipo de desafueros.

¿Por qué tanta resistencia a los concursos de méritos para ese tipo de dignidades? Con dicho mecanismo sí que sería mejor prenda de garantía para la independencia de esos futuros jueces, y claro, que la nominación (entiéndase elección) sí la haga el Congreso, tal como sucede con la Corte Constitucional, para darle la fortaleza o soporte democrático que requeriría; y a su vez también evitaría que los ganadores tuvieran que hacer 'lobby' ante el órgano político por excelencia en la materialización de la que sería nueva potestad administrativa del Congreso de la República; e igual estatuto (de carrera) sería para el personal subalterno. Por supuesto que igualmente deberán tener un severo régimen de inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades.

Y me surge otra pregunta: ¿Quién juzgaría a los jueces de la Supercorte? No podrían serlo por alguna de las Cortes que investigaría, tendría que ser el propio Congreso de la República, y entonces, ¿se retornaría a lo que se critica de la actual Comisión de Acusaciones frente a ese nuevo tribunal?

¿Y los procesos contra magistrados de las altas Cortes tendrían doble instancia? En caso afirmativo, ¿a quién correspondería su trámite? Desde luego que esas causas, si se estableciera la segunda instancia, tendrían que llegar al órgano elector. A propósito, ¿por qué no se incorpora al proyecto de reforma un 'artículito' que consagre la obligatoriedad de la doble instancia para los procesos de todos los funcionarios judiciales?

Percibo el nuevo 'remiendo' a la Constitución como entregándolo por 'retazos' a una comunidad poco interesada en el andamiaje y funcionamiento del Estado, y que incluye por supuesto el voto obligatorio; por lo mismo, de difícil manera para percibirlo si en su integralidad guarda armonía con lo que pensó y diseñó el Constituyente de 1991, lo que no se desprende incluso de las intervenciones gubernamentales ni de los escritos de los comentaristas.

Serán otros nuevos cargos públicos que, juntamente con los recién creados superministerios, ningún reparo económico ha tenido, y se continúa sin decir aún nada, constitucionalmente, que se conozca, sobre la solución efectiva a la problemática que se endilga a la justicia material o sustantiva.