En repetidas ocasiones hemos escuchado al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que en Colombia no ha habido un proceso de paz territorial que cierre para siempre el conflicto armado y político en Colombia. Las anteriores negociaciones con el M-19, el Quintín Lame, la corriente de Renovación Socialista del Ejército de Liberación Nacional, las facciones del Epl se han reintegrado en algunos casos de manera exitosa a la sociedad colombiana, pero la condición de ser uno de los países más desiguales del mundo y el no haber logrado romper la relación entre armas y política, han dejado abierto el espacio para que la violencia continúe, en especial en la que hemos llamado la Colombia Profunda. 
Muchas han sido las causas que investigadores y políticos le han atribuido al conflicto colombiano, diversidad de causas que hace algunos años Orlando Fals Borda expresaba en los siguientes términos: las denominadas causas estructurales como la concentración de la tierra, la exclusión política, la pobreza y la riqueza sin conciencia social; las reivindicaciones regionales como contraviolencia ante poderes nacionales e internacionales; las inmensas frustraciones de campesinos, indígenas, comunidades afro; la crisis total o parcial del Estado colombiano; las causas subjetivas relacionadas con la ideología y la elección racional de acudir a la violencia; el progresivo “carácter multidimensional” y “el espiral de la violencia”; la “crisis moral” y la “ruptura generacional”. En todas ellas aparece como una constante histórica la lucha por la tierra. Esta lucha exigirá grandes esfuerzos tanto de justicia en los territorios para reversar los efectos del conflicto en términos de despojos, desplazamientos forzados, restituciones, como de procesos de justicia distributiva que les permita a las víctimas recuperar sus derechos a sus tierras y crear mecanismos de entrega de tierras en especial a los cientos de campesinos que hoy son poseedores de microfundios o que han tenido que optar por el trabajo asalariado ante los enormes obstáculos para hacer realidad su condición de titular de una tierra productiva en Colombia.
Recientes estudios sobre nuestro sector rural adelantados por Naciones Unidas en el 2011; Misión Rural y Censo Agrario entre 2014-2015 han documentado cómo la concentración de la tierra no solo continúa sino que se ha profundizado. Cerca de 0,4% de los propietarios tienen el 46% de la tierra. El 70% de los propietarios son dueños del 5% de la tierra. Al mismo tiempo se señala que hoy 6,6 millones de hectáreas son tierras despojadas a las 7.165.906 víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y 2016. 
El profesor Darío Fajardo, experto en la cuestión agraria, nos recuerda cómo las tensiones generadas por el monopolio de la tierra, la apropiación de las tierras baldías y las enormes dificultades para demostrar la legitimidad de la tierra son problemas que se presentan en las primeras décadas del Siglo XX: el crecimiento de enormes haciendas a costa de las tierras de campesinos y comunidades, la apropiación de grandes empresarios de las tierras valorizadas por el trabajo de los “colonos”, son problemas que con el paso de los años han venido incrementándose como resultado de mayores presiones sobre la tierra. Todo ello ha hecho que la tierra haya estado en el centro de esta guerra casi centenaria.
Las negociaciones de La Habana entre el gobierno nacional y las Farc-Ep tienen como primer punto de la agenda el Desarrollo Agrario Integral. Se han logrado acuerdos en torno al acceso y uso de la tierra para lo cual se creará un Fondo para campesinas y campesinos sin tierras o con tierra insuficiente, acuerdo que también busca establecer lineamientos generales sobre el uso, teniendo en cuenta su vocación y programas de reconversión. Quienes han sido despojados de sus territorios esperan igualmente que el Sistema Integral de Justicia para la Paz conduzca al esclarecimiento sobre los verdaderos responsables de despojos y de los asesinatos de 78 líderes defensores de la restitución. 
Llama la atención por estos días que una semana después del paro armado del llamado Clan Úsuga, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, realizaran dos reuniones en regiones donde fue dramático el despojo, para llamar a los actuales “propietarios” a defender su tierra, lo cual podría entenderse como la invitación a conformar un movimiento antirestitución de tierras que podría terminar aliado con el paramilitarismo ¡No debemos olvidarlo, la paz territorial pasa por la redistribución de la tierra!.