No hay evidencia que en un Concilio, un Cónclave o un Sínodo católicos se hayan levantado los asistentes y salido del recinto, comprometiendo las deliberaciones, cuando sus posiciones frente a un determinado tema no alcanzaban las mayorías necesarias para adoptar finalmente una decisión que competía y obligaba a todos.
Tampoco hay datos para afirmar que en la Corte Suprema de Justicia los contradictores se levantan de la sesión cuando no son aceptados sus considerandos
Menos aún, no hay informes oficiales que en las juntas serias de las entidades, privadas o estatales, los inconformes abandonan la sesión ante las dificultades en obtener una aprobación o negación a determinadas tesis en discusión.
Igualmente, en un Consejo de Gobierno no se compromete la capacidad para sesionar y decidir, por abandono intempestivo, ante las dificultades de los análisis o lo precario de una mayoría.
Es absurdo creer que en una junta oficial de militares del más alto rango, se atrevan a abandonarla porque discrepan de la generalidad de los asistentes.
El país presencia y se confunde cuando los congresistas ante una posición minoritaria en la controversia de un tema propio, se ausentan ante la posibilidad de no obtener los votos que aprueben sus propuestas o argumentaciones.
La plaga, peligrosa como todas, del abandono se ha extendido a las Asambleas y Concejos de varios sitios de la República, como una muestra de rechazo ante lo que sucede, y no compartan, en medio de los debates para los que fueron convocados legalmente. La impotencia, malamente interpretada, domina a quienes dentro de la globalidad consideran que no hay otra salida sino la deserción concertada, en cualquier momento. En algunos casos la actitud puede asumirla uno solo.
Vienen al menos tres reacciones entre los demás, extraños a la sesión. Una: implica a quienes aprueban el abandono y afirman que era la mejor decisión. Otra: atañe a quienes están en desacuerdo con la determinación adoptada y piensan con expresiones o sin ellas, que esa no era la conducta en una democracia y hay un tercer grupo que les importa un bledo lo que sucede, porque no les interesa, actualmente o siempre, su país o región.
Evidentemente, en un país libre cada quien determina si asiste o no a una sesión, por razones justificadas o no, pero debe responsabilizarse de su acción. Su escape es su determinación: comprensible, y ello no es lo mismo que aprobada, lo que muchos confunden.
Asimismo, se es libre para aspirar, aceptar y posesionarse de un sitial en las entidades públicas de régimen colegiado. De igual forma pudiera decirse, y a eso se aspira, que los electores son libres, a pesar de las grandes incógnitas o realidades ilegales derivadas del constreñimiento del voto.
Por ello, la exigencia de la participación en las sesiones para lo que ha sido electo debe ser perentoria. Los elegidos representan a la sociedad en sus diferentes fracciones, ello no puede ser olvidado y de allí se desprenden mayorías y minorías, salvo las coaliciones temporales o permanentes. Entendiendo que la unanimidad siempre es muy difícil, salvo en las dictaduras.
A nadie se le exige siempre ganancias, enfocadas desde los conceptos de aprobación o negación de los proyectos personales o de sus colegas de entidad. Se les reclama perentoriamente que aporten argumentos sólidos, si pueden, a favor o en contra de lo que se discute y que finalmente podrá ser votado.
A los elegidos, se les entrega por sus cualidades personales y otras que convencen al elector, incluyendo al forzado, la obligación de representarlo, y con su voto, es responsable de todos los ciudadanos, no solamente quienes lo apoyaron.
El conocimiento y el análisis se imponen. Salirse del recinto es fácil e inducido mucho más. Inclusive puede no participar en la discusión pero su decisión con el voto resume todo, no importa que sea a favor o en contra. En el Senado Roma votaban sin derecho a participación.
¿Pasará lo mismo con quienes a propósito no asisten comprometiendo la sesión y las decisiones?
Nota: El hospital universitario es para la sociedad.
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