Antes de la incursión del papel higiénico, cuenta la historia (muyhistoria.es), que dicho "papel" le correspondía asumirlo a los trapos, esponjas, arcilla, piedras, musgo, nieve, conchas marinas, lana empapada en agua de rosas, sedas y algas, hasta que aparecieron los Chinos en el siglo III A de C, e inventaron un papel para uso íntimo, por supuesto, solo de las clases dominantes: todo un lujo. Ya en tiempos contemporáneos, Gayetty (1857) fue de los primeros en comercializar láminas de papel humedecido "papel medicinal de Gayetty" pero el rollito de papel, tal cual lo conocemos hoy fue una iniciativa de Edward y Clarence Scott (1880).

Hoy, el papel higiénico ya no se usa solo para, en fin, usted me entiende, sino también con fines artísticos y culturales como la elaboración de títeres. Siendo un producto de uso íntimo, no fue excusa para que desde 1998 los controladores del negocio en Colombia nos dieran en la cabeza a los consumidores. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 69518 del 24 de noviembre de 2014, abrió pliego de cargos contra Familia, Kimberly Colpapel, Papeles Nacionales, Papeles de Risaralda, Drypers y 42 gerentes y directivos por violación al régimen de libre competencia económica, a través de prácticas conocidas como "cartelización empresarial", por la fijación directa de precios a servilletas, papel higiénico, toallas de cocina y pañuelos. Estas empresas y los directivos implicados actuaron intencionalmente en contra de la Constitución Política (Art. 333: la libre competencia es un derecho de todos) y del propio régimen de competencia económica (Ley 1340 de 2009).

Los carteles no han sido solo un asunto de mafiosos para controlar el mercado del whisky en Chicago (USA) como Al Capone, o de los estupefacientes como los Úsuga en Colombia; tristemente grandes empresas nacionales y extranjeras han aprendido el método, seguramente con más sutileza y recato, o como dice una amiga mía con "morronguera" (que aparentan ser santos). Una de las bondades de la Ley 1340 de 2009, es que similar al llamado "principio de oportunidad" en materia penal (Ley 1312 de 2009), premia la colaboración del implicado a través del "programa de delación", o sea, si "sopla" o cuenta con quién o quiénes acordó la realización de prácticas contra la libre competencia económica. Por eso es que Kimberly Colpapel aspira a una posible exoneración de una sanción superior a la no despreciable suma de los 138 mil millones de pesos, colaborando con la Superintendencia.

Con las mismas intenciones anda "Familia" quien aceptó haber cometido los actos prohibidos y se mostró "arrepentida"; lo que sorprende es que el lánguido comunicado de Familia diga que por semejante lío despidieron dos empleados (responsabilidades hacia abajo) y que el gerente Darío Rey Mora fue suspendido. Claro, el hilo siempre se rompe por la parte más delgada. Los elefantes blancos, no caminan solo por los escenarios de la política, pues solo falta que los grandes directivos investigados echen mano de la samperiana frase de que todo fue a sus espaldas.

Cuando uno mira las investigaciones que por "Carteles" ha adelantado la SIC (ingenios azucareros, cementeras, pañales desechables, vigilancia y seguridad privada, cuadernos y papel higiénico) llama la atención que por fortuna no hayan políticos inmiscuidos que es a quienes usualmente se les endilgan los actos de corrupción de este país. Se trata de empresarios ciento por ciento privados que sin duda han alentado pactos por la transparencia (White Papers), claro, solo en el papel. Yo por mi parte seguiré comprando el PH a ese 12% de empresarios que por alguna razón no participaron de este nada higiénico episodio.